Más de 300 efectivos militares del ejército y la policía hondureña invadieron el pasado 23 de noviembre las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), ubicadas en Sinaloa, Tocoa, Colon, dónde se encuentran refugiadas más de 60 familias campesinas que fueron afectadas por la Tormenta tropical Mathew, el pasado mes de septiembre.
Con la excusa de que los campesinos escondían armas, los militares allanaron el refugio amenazando a mujeres y niños con armas, destruyeron los enseres domésticos, las camas y la cocina colectiva, robaron dinero, herramientas de trabajo, provocando el pánico en mujeres y niños y manteniendo sitiadas a las familias.
Los militares arrasaron con los medios de vida de los albergados, que temen que se les destruya totalmente las pequeñas granjas de aves y los estanques de peces en los cuales trabajan.
Las mujeres se quejan ante los organismos de socorro porque sus hijos quedaron sin alimentarse todo el día, ya que salieron a las 5 de la mañana a trabajar a las fincas de palma africana, a su regreso al albergue, no se les permitió entrar al refugio para alimentar a sus niños.
La justificación del ejército y del Presidente de la república Porfirio Lobo Sosa, expresada en los medios de comunicación, es que en las instalaciones se encuentran escondidas armas de todo calibre, sin embargo no han encontrado nada que justifique su vergonzosa actitud.
La Carta Humanitaria ESFERA se basa en los principios y disposiciones del derecho internacional humanitario, la legislación internacional sobre derechos humanos, el derecho sobre refugiados y el Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desastre. La Carta enuncia los principios centrales por los que se rige la acción humanitaria y reafirma el derecho de las poblaciones afectadas por los desastres, sean naturales o causados por el hombre (incluidos los conflictos armados), a recibir protección y asistencia. También reafirma el derecho de las personas afectadas por los desastres a vivir con dignidad, señala las responsabilidades legales de los Estados a garantizar el derecho a recibir protección y asistencia.
Este acto de violación a los derechos humanos se repite todos los días en la zona del Aguan, dirigida por los empresarios de la palma (Miguel Facusse, Rene Morales y Reynaldo Canales) en contubernio con el ejército, la policía, paramilitares y sicarios pagados por estos empresarios, que asesinan, hostigan, persiguen y mantienen militarizados a los grupos campesinos que luchan por la recuperación de las tierras, que estos empresarios ocuparon desde 1993.
El Movimiento Campesino Unificado del Aguan MUCA, denuncia este vil acto y solicita a los organismos de socorro internacional y de derechos humanos que intercedan para detener la escalada asesina en contra de las familias campesinas ubicadas en los asentamientos del Aguan.
MOVIMIENTO UNIFICADO CAMPESINO DEL AGUAN (MUCA)
23 de noviembre del 2010