El Parlamento catalán ha sido pionero en instar al Gobierno a poner freno a la obesidad, el sobrepeso y enfermedades asociadas (especialmente las cardiovasculares y la diabetes) derivadas en gran medida de la mala alimentación. Ha sido la comisión de salud del Parlamento la que ha aprobado por acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas regular la publicidad de alimentos insanos y utilizar políticas impositivas para gravar este tipo de alimentos. Con esta votación se abre una brecha para que los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas insten a sus gobiernos a actuar del mismo modo.
Lo más destacable de la votación es que se trata de la primera vez que se pone sobre la mesa la mala alimentación como un problema de salud pública. La propuesta de resolución plantea implementar un sistema eficaz de regulación de la publicidad de alimentos y bebidas insanas, especialmente aquellas dirigidas al público infantil, transformando el actual código PAOS y los mecanismos de autorregulación de la propia industria en una normativa propia y de obligado cumplimiento. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya será el encargado de la elaboración de un sistema eficaz de control de la publicidad de alimentos insanos dirigidos a la población infantil en los medios audiovisuales de Catalunya (tanto públicos como privados), similar a la que existe en otros países europeos del entorno. “Se trata de un paso fundamental, puesto que hasta ahora la industria tenía el control absoluto de los contenidos publicitarios”, comenta Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global.
Otra de las cuestiones relevantes de la votación ha sido la implementación de políticas fiscales e impositivas sobre los alimentos como una herramienta más de las políticas de salud pública, gravando los alimentos insanos y bonificando la alimentación saludable. Además, plantea una mejora del etiquetaje de ciertos productos para que la información nutricional sea más clara y entendible, políticas educativas e informativas dirigidas a toda la ciudadanía y una regulación de los alimentos y bebidas que se ofrecen en los centros educativos y en las máquinas de expendedoras expuestas en espacios destinados a la infancia y a los jóvenes.
Durante la II Conferencia Internacional de Nutrición organizada conjuntamente por la FAO y la OMS a finales de 2014, se hizo un llamamiento internacional a los estados y administraciones competentes a tomar cartas en el asunto. A pesar de eso, la respuesta de la administración pública del Estado había sido hasta ahora simplemente la de realizar campañas amables de sensibilización y de promoción de buenos hábitos alimentarios y de salud, por lo que éste podría ser tan sólo el primer paso para empezar a poner freno a la comida basura y anteponer la salud de las personas por delante de los intereses de la industria.
“Hasta ahora el control sobre la alimentación lo ha tenido la industria, que ha actuado durante años de lobby para que no haya ninguna regulación. Se ha abierto una puerta para que otras comunidades tomen el mismo camino y sitúen la salud de las personas en el centro de la diana”, celebra el director de VSF.Estas demandas fueron el eje de la Campaña 25 Gramos, presentada por VSF Justicia Alimentaria Global en alianza con organizaciones de defensa de los consumidores, del mundo de la salud, organizaciones agrarias, ecologistas, AMPAS y ONG.En concreto, las entidades que forman parte de la alianza son Acces Info, Amigos de la Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Medicus Mundi, Plataforma No Gracias, Plataforma Rural i VSF.
El Estado español, líder en obesidad infantil
Los patrones alimentarios están basados en una dieta altamente condicionada por un conglomerado de empresas agroalimentarias que basan su negocio en una dieta malsana, condicionando fuertemente los hábitos alimentarios en favor de sus productos. Las dietas tradicionales han sido reemplazadas rápidamente por otras con mayor densidad energética, lo que significa más grasa, más azúcares añadidos y más sal. Prueba de esta tendencia es que los casos de sobrepeso y obesidad se hayan disparado en las últimas décadas: el sobrepeso en el Estado español afecta al 55% de la población y la obesidad al 17%. Entre la población infantil la pandemia se agrava y un 45,5% padece sobrepeso u obesidad, encabezando la lista en Europa. Las cifras son alarmantes, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya calificado el sobrepeso y la obesidad como el principal problema de salud al que se enfrenta la humanidad.