VSF (Barcelona).- Cerca de 300 familias fueron desalojadas el pasado 20 de abril por terratenientes, quienes fueron ayudados por autoridades del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En total, son cerca de 100 mil hectáreas las que se encuentran ahora en disputa.
Actualmente, 20 integrantes del Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas (MST-B) se encuentran en huelga de hambre indefinida y tres de ellos ya han sido dados de baja. Todas las familias desalojadas viven ahora en carpas improvisadas frente a la Fiscalía y al Palacio de Justicia de la provincia de Velasco, esperando un fallo de la justicia.
El 25 de abril, una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria ingresó a la zona en disputa con el objetivo de reestablecer el derecho de los campesinos y campesinas, pero fue desalojada por los terratenientes. Las familias
campesinas afirman que cuentan con los títulos de propiedad comunitaria que el propio presidente Evo Morales les concedió en 2008.
Según el MST-B, las autoridades locales de la provincia de Velasco son los directamente responsables de que los hayan desalojado con violencia, contratando a “sicarios y matones”. A todo esto, añaden: “A título de autonomía quieren acaparar más tierra y eliminar al movimiento campesino. Éste es un hecho perpetrado por la oligarquía cruceña en complicidad con el Comité Cívico de la comunidad de Campamento y la Subprefectura que está dirigida desde Santa Cruz por Rubén Costas (gobernador electo)”.
El terreno está ubicado en Tierra Hermosa, Chirimoyas y Tierra Firme, en la provincia Velasco, del departamento de Santa Cruz. En él, las familias han invertido más de 100.000 dólares en caminos vecinales, pozos y sembradíos.
Los campesinos piden garantías mínimas para continuar con su lucha, pues son continuamente objeto de amenazas de muerte.