Justicia Alimentaria se suma a la petición de diferentes colectivos antiracistas que, unidos bajo la campaña #RegularizaciónMasiva, reclaman la regularización de todas las personas migrantes que viven en el Estado español.
La crisis sanitaria provocada por el COVID 19 evidencia un empeoramiento de la situación económica y social de muchas personas migradas, por la suspensión o pérdida de sus trabajos o la imposibilidad de proveerse de ingresos. Pero, además, todo ello se une a una realidad social de falta de trabajadorxs en el ámbito sanitario, en el campo, en el sector de los cuidados, y otros. Sin ir más lejos, buena parte del sector agrícola español se basa mayoritariamente en la mano de obra inmigrante, en muchas ocasiones absolutamente precarizada y que ahora, por el cierre de fronteras, la mano de obra temporal que cada año llega al Estado no puede llegar. Esta situación compromete buena parte de la campaña de recolección de fruta, lo cual nos muestra que la exposición de nuestro sistema alimentario es muy alta. Según la patronal, se necesitaran entre 75.000 y 80.000 personas para asegurar la recogida de fruta.
Para hacer frente a esta situación el Ministerio de Agricultura ha decidido reclutar personas entre las capas más desfavorecidas, golpeadas y repudiadas de la sociedad: las personas migrantes en situación irregular, las que no poseen papeles que les permitan trabajar. Si ha recurrido a ellas es porque el trabajo que se ofrece es altamente precarizado, tanto en condiciones laborales, de sueldo como el trabajo en sí. Se trata, por tanto, de aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad y necesidad de las personas migrantes, para asegurar una masa recolectora que asegure la recolección de los monocultivos frutícolas.
La fórmula propuesta sigue el esquema de usar y tirar. Las personas migrantes no son kleenex o marscarillas de un solo uso, que se puedan reclutar como fuerza de trabajo en situación de emergencia y volver a expulsar cuando ya no sean, supuestamente, necesarias.
Mención especial merece la llamada a utilizar “jóvenes extranjeros de 18 a 21 años con permiso de residencia no lucrativa”. Promover el uso de personas de esa edad para este tipo de trabajo y en las condiciones ofrecidas es doblemente siniestro.
Por todo ello, nos sumamos a la demanda de la regularización de personas migrantes y refugiadas para cubrir estos puestos de trabajo tan necesarios y para que las consecuencias de esta crisis no generen mayor desamparo, exclusión y desigualdades.
Exigimos un cambio de paradigma en la política migratoria que priorice los derechos y libertades de las personas. Diferentes crisis pero los costes los pagan las mismas personas.