Tras el anuncio del Gobierno de implantar un impuesto sobre las bebidas azucaradas, que afectará de manera especial al sector de los refrescos, VSF Justicia Alimentaria Global pone de manifiesto que es adecuado intentar reducir el consumo de estas bebidas encareciendo su precio. Sin embargo, para que este impuesto sea realmente efectivo desde un punto de vista de salud pública, debe ser como mínimo del 20% sobre el coste inicial si se quieren observar efectos reales en el consumo, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global, considera que si el gravamen se encuentra por debajo del 20%, «es simplemente una operación de maquillaje que no va a comportar un cambio de hábitos y que, a la larga, se quitará por inefectivo».
Además, la medida tendría que ir acompañada de otras que ataquen el problema en toda su complejidad y transversalidad. Las clases más populares son las más afectadas por los problemas derivados de una alimentación insana. Por lo tanto, para corregir dicho sesgo, este tipo de impuestos que penalizan el consumo de bebidas azucaradas debe complementarse con otras medidas fiscales que abaraten la alimentación sana. Por ejemplo, implementar un IVA del 0% para frutas, verduras y demás alimentos básicos.
Asimismo, la medida no contempla aumentar el gravamen a los zumos de frutas envasados. Estos zumos contienen una gran cantidad de azúcar escondido en su composición, más allá de los azúcares presentes de forma natural en la fruta. Un néctar clásico contiene más de un 12% de azúcares y se trata de un producto muy consumido por la población infantil, por lo que el impacto en salud pública sería evidente.
A la hora de plantearse una intervención en los precios de los alimentos, existen diferentes objetivos posibles (no excluyentes entre sí):
1) Abaratar los precios de los alimentos con buen perfil nutricional (alimentos sanos) y encarecer los alimentos con mal perfil nutricional (alimentos insanos), para a su vez modificar el consumo, favoreciendo el acceso a alimentos sanos de las clases populares y dificultando el de los insanos.
2) Internalizar los costes sanitarios derivados de la alimentación insana, en los productos cuyo consumo excesivo los generan.
3) Actuar sobre el ambiente o entorno alimentario, enviando una señal clara, desde las Administraciones, sobre la existencia de alimentos con buen perfil nutricional y de otros que no lo tienen (esto, añadido a otras medidas como un etiquetado claro y una limitación de la publicidad de determinados alimentos claramente insanos para poblaciones vulnerables, es una medida sociocultural altamente efectiva).
4) Conseguir recaudar fondos que se puedan destinar a otros aspectos de la lucha contra la epidemia de la alimentación insana (impulsar los sistemas alimentarios locales, campañas educativas, costear parte de los gastos sanitarios, etc.) o a la agricultura de proximidad, fresca, de temporada, proveniente de explotaciones familiares y con sistemas de producción sostenibles.
Los problemas de la alimentación insana en datos
La alimentación insana es el principal problema sanitario del Estado. La dieta inadecuada es el factor de riesgo que más problemas causa en nuestra salud y es responsable del 21% de las muertes evitables. Por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y sus riesgos asociados. Por cada día perdido por el alcohol, perdemos 9 por alimentación insana y por cada uno que perdemos por las drogas, perdemos 11 por la mala dieta. El tratamiento de las enfermedades asociadas a la alimentación insana (dolencias cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, afecciones como el sobrepeso o la obesidad) se lleva el 20% del presupuesto público de sanidad. Se trata, por tanto, de un fenómeno estructural y sistémico, no de una mala elección individual. Además, en el caso de la alimentación insana y sus efectos sobre la salud, existe un claro gradiente de clase social. Las clases populares son las que, con diferencia, más enferman y más consumen este tipo de dietas.
Frente a esta realidad, diversos colectivos e instituciones, con la Organización Mundial de la Salud a la cabeza, llevan tiempo reclamando políticas públicas efectivas que reviertan la situación. Se pueden resumir en tres:
- Etiquetado nutricional claro y en el frontal del envase que permita identificar de manera sencilla si el alimento contiene cantidades elevadas de azúcares añadidos, sodio y grasas insalubres.
- Regulación de la publicidad de alimentos insanos dirigida a la población infantil.
- Políticas de precios sobre los alimentos que permitan corregir el sesgo de clase, con el objetivo de encarecer la alimentación insana y abaratar aquellos alimentos con buen perfil nutricional. Debemos recordar que el 44% de la población en el Estado español no puede seguir las recomendaciones de una dieta saludable debido a su coste.
La aplicación de todo el conjunto de medidas es lo que permitirá mejorar el estado de salud de la población con relación a la alimentación insana.