a Ley de la Reforma Agraria fue promulgada en Honduras a principios de 1962, bajo el mandato del presidente Ramón Villeda Morales. Para llevarla a cabo eficientemente, en la década siguiente, los agricultores empezaron a organizarse bajo el modelo de cooperativas. De las 84 formadas, 57 se dedicaron al cultivo de palma de aceite.
Sin embargo, a la par con la ola liberal que recorrió Latinoamérica en los años noventa, se dio marcha atrás a este proceso a través de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, firmada por el entonces presidente Rafael Leonardo Callejas.
Todo ello desembocó en cuestionadas compras de tierras por parte de empresarios como Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Al mismo tiempo, las denuncias de amenazas contra los líderes campesinos que no aceptaron las condiciones que se pretendieron imponer se multiplicaron.
Todo este proceso se ha vivido principalmente en el Bajo Aguán, cercano al río del mismo nombre que desemboca en el Atlántico, al noroeste del país. Actualmente, la lucha continúa con el Movimiento Unido Campesino del Aguán (MUCA), que desde 2001 agrupa a 28 grupos campesinos que no han sido beneficiados con la Reforma Agraria desde hace 40 años.
A través de distintos actos previos, el MUCA logró que el 3 de marzo del 2009 se presentara una Propuesta de Acuerdos Negociables entre el Gobierno, empresarios y campesinos a través de una comisión de dialogo; todo bajo la gestión del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, este proceso se vio interrumpido por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que destituyó a Zelada y colocó a Roberto Micheletti como presidente provisional hasta la convocatoria de nuevas elecciones, de las cuales resultó ganador Porfirio Lobo, que gobierna desde enero del presente año.
En lo que va del año 2010, ocho miembros del MUCA han sido asesinados, sin que hasta ahora haya investigaciones satisfactorias que lleven a la identificación plena de los criminales ni mucho menos a garantizar la seguridad de los y las campesinas de esta organización. En total, son 3.500 familias que claman por 5 mil hectáreas, frente a las 120 mil hectáreas de palma africana que existen en el país.
Bicombustibles contra comida.
La reciente ansiedad de Estados Unidos por hacerse con tierras aptas para la plantación de biocombustibles y el proyecto de la Unión Europea de cubrir en 2015 un 10% de sus necesidades energéticas con biocombustibles ha disparado la compra de tierras en el mundo para poder satisfacer esta voracidad. Tal es el caso de los campesinos y las campesinas hondureñas, que son obligadas al monocultivo de palma en vez de suplir sus necesidades básicas de alimentación mediante la diversificación de cultivos.
Actualmente, el Gobierno ha militarizado el departamento de Colón, cercando a la comunidad de Guadalupe Carey. Por otro lado, desde diversos medios de comunicación se ha vinculado a los campesinos y campesinas con narcotraficantes y guerrilleros, lo que es rechazado por los agricultores. Al parecer, esta estrategia de comunicación pretende justificar ante la opinión pública hondureña un eventual uso de la fuerza por parte del Ejército.
El Movimiento Campesino de Aguán (MCA) ha denunciado esta intervención militar y la atribuye a la ocupación de 800 hectáreas que el MCA ha realizado en terrenos donde Miguel Facussé cultivó ilegalmente palma africana, según consta en un comunicado del MCA. Además, esta organización brinda asilo miembros del MUCA, quienes son perseguidos y amenazados de muerte.
Últimas noticias
La presión del MUCA y del MCA han dado como resultado la firma de un Acta de Compromiso el 14 de abril, donde las organizaciones campesinas aceptaron la propuesta del Gobierno, la cual consiste en la entrega de 11 mil hectáreas de tierra. Durante el acto, centenares de campesinos, campesinas y militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) le reclamaron al presidente Porfirio Lobo por la masiva presencia de militares y policías en el Bajo Agúan.
Todo ello porque el ambiente hostil se mantiene en la zona, debido a que, a pesar de la firma del acuerdo, el terrateniente Miguel Facussé ha afirmado recientemente que en ningún momento negociará las hectáreas de tierra que se encuentran en la margen izquierda del Aguan, las cuales no piensa vender al Estado.
Grupos campesinos acusan a Facussé de reprimirlos a través de la contratación de paramilitares y de calificarlos como terroristas “con la ayuda del aparato mediático, encabezado por Jorge Canahuati Larach, propietario de los diarios El Heraldo, La Prensa y Diez”, según aparece en la web El Libertador, de Honduras. Además, denuncian que el resto de medios de comunicación vienen ocultando los asesinatos contra miembros del MUCA.