El pasado 1 de diciembre se celebró en Madrid VII Comisión Consultiva de negociaciones Comerciales Internacionales, esta reunión tiene lugar 2 veces al año y reúne a representantes de los principales sectores de la economía española con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de las negociaciones comerciales internacionales. VSF participa de esta comisión como parte una de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) invitadas. También tienen cabida en el encuentro, y este espacio representa una oportunidad para incidir en las políticas comerciales que desarrolla el sector privado español.
En esta comisión se ha hecho entrega de una carta firmada por numerosas OSC (descarga la carta) que denuncian que los Estados se limiten a cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos (DDHH) y Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) sólo dentro del propio territorio. Las organizaciones argumentan que esto es insuficiente en un contexto de globalización económica en la que los actores globales, como las transnacionales, ejercen una importante influencia en el cumplimiento de los de los DDHH y DESC en todo el mundo.
Durante el turno abierto Javier Guzmán (Director de Veterinarios Sin Fronteras) ha preguntado a la comisión sobre la posición del gobierno español en cuanto a la Responsabilidad Extraterritorial de los Estados y ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollar herramientas objetivas, transparentes y públicas, de control y de sanción, para evitar la vulneración de los DDHH, DESC y ambientales que las sociedades transnacionales con sede en el estado español puedan generar fuera del territorio.
VSF, como ha venido denunciando a través de su campaña PAREN, AQUÍ VIVE GENTE, le preocupan principalmente las vulneraciones de derechos en los países empobrecidos y en aquellos que hoy viven graves situaciones de hambruna como los países de África Subsahariana.
Ha sido el Director General de Comercio e Inversiones, D. Jose Carlos García de Quevedo Ruiz, el que ha dado respuesta a la pregunta planteada por las OSC recordando que España es signataria de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y que se está avanzando en la creación de un Punto Nacional de Contacto (PNC) que servirá para plantear casos específicos de violaciones de derechos por parte de las empresas multinacionales. Ha argumentado que la creación de este punto facilitará la aplicación de normas que regulen o reconozcan infracciones penales para hacer respetar las directrices.
Las Directrices de la OCDE son una serie de recomendaciones formuladas por los gobiernos a las empresas multinacionales y tienen por objeto el conseguir un comportamiento responsable por parte de estas últimas.Tanto VSF como otras organizaciones de la Sociedad Civil han venido denunciando históricamente su carácter puramente voluntario y su débil implementación.
Ya el pasado año un informe Publicado por la organización ODCE Watch demostraba que las Directrices de la OCDE no previenen ni impiden la conducta empresarial irresponsable, este análisis además revela que la mayoría de los PNC han fracasado para promover las Directrices. Incluso en su versión revisada recientemente publicada (mayo 2011) no contempla ninguna herramienta de sanción ni consecuencias por el incumplimiento de las Directrices, por tanto las empresas irresponsables pueden realizar su conducta abusiva con total impunidad. El informe destaca que un total de 96 casos ya han sido presentados por organizaciones no gubernamentales. Los tipos más comunes de violaciones que se imputan incluyen los daños ambientales y violaciones de los derechos humanos en los países en desarrollo.
VSF entiende que el respeto y protección de los Derechos Humanos no puede, bajo ningún concepto, estar regulado por unas directrices voluntarias. Por este motivo, instamos una vez más a nuestro gobierno a reconocer sus obligaciones extraterritoriales para el cumplimiento de los DDHH y DESC desarrollando la legislación necesaria.