El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés), también conocido como el ”TTIP canadiense”, tras su aprobación en el mes de febrero por el Parlamento Europeo, se encuentra en la actualidad pendiente de ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los estados miembros.
El gobierno español remitió el pasado 27 de marzo el Proyecto de Ley sobre el CETA, iniciándose así el trámite parlamentario que llevará a la votación del Acuerdo en las Cortes Generales.
A pesar de las consecuencias que este tratado podrá tener sobre la gobernabilidad y la capacidad del estado de proteger y dar respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, el Gobierno de Mariano Rajoy, con el respaldo de, entre otros, PSOE y C’s, quiere llevar a cabo el proceso de ratificación con la mayor rapidez posible haciendo caso omiso de la oposición de miles de ciudadanas y ciudadanos que denunciamos que tratados como el CETA son pensados por y para las grandes empresas transnacionales, suponen un duro golpe a los derechos y necesidades de la gente en numerosos aspectos de su vida cotidiana y representan un grave ataque al medioambiente y a la democracia.
El análisis de los efectos de otros tratados similares demuestra que no promueven la mejora de derechos laborales, ni la sostenibilidad ambiental. Todo lo contrario, estos tratados son la herramienta definitiva mediante la cual las grandes multinacionales logran doblegar la democracia y soberanía de los países. Entre otros peligros el CETA:
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Supone que las grandes empresas se beneficien de unos tribunales privados diseñados para defender sus intereses económicos por encima de los derechos humanos, engrasando la máquina que traspasa dinero público a manos privadas.
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Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y promueve la privatización de los mismos.
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El CETA podría cuestionar las medidas de precaución de la política europea que protegen a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente.
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Supondrá una menor recaudación de impuestos de grandes empresas, reduciendo la capacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos, dado que muchas de ellas utilizan paraísos fiscales.
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Hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras al producirse una mayor liberalización de los mercados financieros en lugar de regularlos como empieza a ser urgente y necesario.
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Existen estudios independientes de los impactos económicos del CETA que nos dicen que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y los beneficios del tratado serán fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
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Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el de la privacidad y de la protección de datos.
Por estas razones, desde la campaña No al TTIP, CETA, TISA, que reúne a día de hoy más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas, asociaciones de jueces y sectores profesionales, hacemos un llamamiento a la movilización unitaria del 3 de junio en Madrid.
Exigimos a nuestros representantes electos que atiendan nuestras exigencias, que nos den voz y voto ante decisiones tan trascendentales como son la aceptación de estos tratados,que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados y que restan protección a la ciudadanía y clase trabajadora.
Por eso, la ciudadanía sale una vez más a las calles, para mostrar su rotundo rechazo a un acuerdo, que va mucho más allá de lo comercial, y exigir al Congreso de los Diputados que vote en contra de su ratificación y defienda los derechos e intereses de la población a la que representa.
Los intereses comerciales y de las multinacionales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso decimos:
¡No al CETA! !No al TTIP! ¡No al TISA!