Desde ayer, cinco alimentos genéticamente modificados tienen luz verde en la Unión Europea: la patata “Amflora” para cultivo, el uso de su fécula como pienso y tres variedades más de maíz para alimentación y pienso.
Detrás de todo está la gigantesca corporación alemana BASF, dedicada a producir químicos, plásticos, derivados de hidrocarburos y componentes agrícolas. El caso de su patata “Amflora” es espcecialmete peligroso para la salud ya que lleva un gen marcador que le otorga resistencia a algunos antibióticos. La posibilidad de que esta característica se transfiera a quienes la consumen es muy alta y sus consecuencias médicas nada despreciables. En el caso del maíz, se trata de tres variedades de la empresa Monsanto.
La OMS, la Agencia Europea del Medicamento y el Instituto Pasteur ya han pedido que no se comercialicen estos genes, que estaban prohibidos desde enero de 2004 (tras lo que BASF solicitó su autorización en 2005). Es por esto que se ha otorgado a los países miembros de la UE la posibilidad de vetar el cultivo en sus territorios, aunque, como se sabe, la posibilidad de contaminación cuasada por los cultivos transgenicos es una realidad. Para ello, solo basta comprobar cómo el maíz transgénico cultivado en España (80% de la producción en la UE) contamina las cosechas de maíz tradicional. Además, esto veto no garantiza que no se consumirán en territorio europeo, pues se permite la importación y el comercio de ésta y muchas otras clases de transgénicos.
Por otro lado, las características de esta patata "Amflora" no hacen más que confirmar que son una falacia las promesas de la industria biotecnológica, en el sentido de presentar a esta tecnología como la solución para el hambre en el mundo. La manipulación de los cultivos alimentarios para modificar su composición y luego ser comercializados en el mundo no están diseñados para alimentar al planeta sino, fundamentalmente, para beneficiar a la industria agroquímica.
Este tipo de consumo está ligado a un modelo de agricultura y de alimentación despilfarrador de energía y de recursos, y dependiente de importaciones (piensos, aceite de palma, etc.) de los países en vías de desarrollo, lo cual está minando la soberanía alimentaria de estos lugares y, en última instancia, el futuro de la alimentación mundial.
Desde que en 2004 la UE levantó la moratoria contra los transgénicos, todas las autorizaciones de la Comisión han sido aprobadas de forma unilateral, porque no obtienen el apoyo mayoritario de los países ni de la opinión pública. Esta situación se ha agravado desde que John Dalli, comisario de Sanidad y Protección al Consumidor, reemplazara a Stavros Dimas, quien se oponía a estas medidas.