La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), representa hasta un tercio de las capturas de determinadas especies como algunos túnidos, el pez espada, la escorpina, el bacalao o la merluza negra. Los impactos ocasionados por este tipo de actividad no se limitan únicamente a aspectos medioambientales, si no que también comportan graves consecuencias sociales y económicas.
La UE es la tercera potencia pesquera mundial detrás de China y Perú. Dentro del marco comunitario, la flota pesquera española mantiene una gran relevancia y tiene una influencia notoria en las políticas pesqueras comunitarias. No obstante, el número de barcos de gran capacidad y/o empresas multinacionales españolas denunciadas por practicar o favorecer la pesca INDNR es significativo.
El hecho de que tanto la UE como los Estados miembros otorguen subsidios a empresas y/o buques pesqueros que están cometiendo pesca ilegal es un problema porque, al hacerlo, los contribuyentes europeos están fomentando este tipo de actividades, agravan las dificultades de aquellos que cumplen la legislación, así como el desarrollo sostenible a medio y largo plazo de la actividad y de la población que vive de la pesca artesanal, tanto de en los países comunitarios como externos.
En este contexto, el objetivo del presente informe es mostrar los mecanismos de vigilancia y control que la UE está implementando, evidenciar mediante casos concretos los impactos que ocasiona la pesca INDNR a nivel global y la involucración de barcos y empresas españolas en este tipo de actividades (Albacora, Pescanova, Isabel-Garavilla, Vidal, etc.) señalando parte de las subvenciones directas que han recibido o están percibiendo. Del mismo modo también se realizar una serie de demandas al Estado Español y a la UE que de ser implementadas mejorarían la situación actual en la lucha contra la pesca INDNR.