Justicia Alimentaria quiere alertar del agravamiento de la vulnerabilidad alimentaria de las familias cubanas. Cuba se encuentra sumida en una crisis económica sin precedentes derivada del bloqueo por parte de los Estados Unidos y agudizada por la pandemia COVID-19 asfixiando el turismo —elemento central de la economía nacional— y cancelando, prácticamente, el sector privado pequeño y mediano (fundamentalmente dedicado a los servicios), con consecuencias nefastas para la población. Debemos añadir, además, el deterioro de la producción, la escasez de alimentos, combustibles, etc. que han restringido fuertemente no solo la importación de alimentos sino de los propios insumos para la producción propia de alimentos, configurando un panorama muy difícil de gestionar doméstica, institucional y nacionalmente.
En Justicia Alimentaria hemos estado apoyando el desarrollo de programas y estrategias para el aumento de la producción propia en sistemas alimentarios sostenibles y resilientes desde 1993. Durante este tiempo hemos constatado que los sistemas de producción son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, el descenso de las precipitaciones, la disminución del potencial hídrico y de la calidad del agua, acompañados por la reducción de las áreas agrícolas debido al retroceso de la costa y la migración de los ecosistemas costeros, conllevarán a impactos superiores a los estimados sobre la producción agrícola total y la cría de animales. Es necesario la adaptación del sector agrícola que requerirá el uso de tecnologías de protección de cultivos y de ganado; la obtención e introducción de variedades con rendimientos potencialmente superiores y de razas de ganado resistentes a las altas temperaturas y al déficit de agua; y cambios en la gama de cultivos, que deben ser puestos en práctica en la medida en que evolucione el clima. A pesar de los esfuerzos de la sociedad y administración cubana por generar sistemas resilentes, el bloqueo impide seguir poniendo en práctica los cambios necesarios para contrarestar el avance imparable del cambio climático que está ya afectando gravemente a la región.
En este momento somos testigos como esta alta afectación medioambiental unida a este bloqueo norteamericano que obstaculiza el acceso a suministros, tecnología y servicios, afecta cada vez más de forma directa a la viabilidad de las explotaciones agrícolas y pecuarias y al sustento de miles de familias campesinas.
Entre las principales consecuencias se encuentran la imposibilidad de importar los recursos obtenidos a partir de los proyectos de colaboración, que desarrollan nuestras contrapartes entre los que se encuentran, ropa y calzado para los obreros agrícolas y pecuarios, láminas de zinc, alambre para confección de jaulas para cría de especies menores (avícola y cunícula), rollos de alambre con púa para cercado de instalaciones y áreas de pastoreo del ganado vacuno, ovino y caprino, malla peerle, bombas sumergibles para bombeo de agua de bebida de los animales y regadío de cultivos y áreas de cultivos de alimento animal, molinos de viento, sistemas de riego por aspersión y equipamiento para el desarrollo de empacadoras y mini- industrias para producción y conservación de alimentos. Todos estos recursos van dirigidos en su gran mayoría a mejorar la infraestructura de instalaciones destinadas a la producción de alimentos de origen animal, lo que impacta de forma directa en la producción de alimentos para la población, al mismo tiempo la imposibilidad de reproducir los materiales técnicos divulgativos que van dirigidos a la capacitación, todo lo cual no permite el desarrollo de programas tan importantes como el autoabastecimiento municipal y territorial de alimentos.
Este bloqueo al que está sometido el pueblo cubano y declarado ilegal por la propia ONU compromete el derecho a alimentación llevando al país al borde de una crisis alimentaria, por eso desde Justicia Alimentaria pedimos al Gobierno español y a la UE que actúen urgentemente en pro del fin de esta medida.