Honduras es un país donde el 65% de la población vive en condiciones de pobreza. Esto provoca exclusión y vulnerabilidad en las personas, lo que se ve agravado si se trata de mujeres.
Los derechos planteados en la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer”, como otros tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos, si bien se suscriben por el país, no se ponen en práctica. Pese al rico marco legal de Honduras, sigue siendo uno de los países donde es más riesgoso ser una defensora de los DD.HH.
Además de la pobreza y la deficitaria atención estatal a los grupos vulnerables, ambas fuentes de estigmatización y discriminación, uno de los mecanismos que ha contribuido a la perpetuación de situaciones de exclusión es el diseño de las políticas públicas, las cuales reproducen patrones de desigualdad al no centrarse en las problemáticas que afectan de manera particular a los grupos vulnerables.
Esto ha establecido un círculo vicioso, donde la pobreza provoca bajos niveles de educación, esto causa dificultades para integrar el mercado laboral, generando un bajo acceso a ingresos, que entorpecen el avance hacia medios de vida sostenibles, lo que conlleva a inequidades. migración y violencia, los cuales refuerzan las situaciones de pobreza.
En este marco de acción, Justicia Alimentaria, junto al Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), iniciaron un proceso de empoderamiento de mujeres para contribuir a su desarrollo integral, enfocándose en el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres campesinas.
Durante un proceso de 8 años, se emprendieron acciones de sensibilización y educación, las que abordaron prácticas de salud sexual y reproductiva, medicina alternativa natural, autoayuda psicológica, autocuidado, entre otras que permitieron que las campesinas se empoderaran de medidas de prevención útiles para superar problemáticas comunitarias. Esto les permitió integrar los comités de salud y los comités en centros educativos, desde donde emprendieron campañas y brigadas de salud, se veló por mejorar la calidad educativa, se realizaron obras de agua y saneamiento, y se buscó la mejora de la nutrición al incentivar el consumo de alimentos saludables en las escuelas.
El empoderamiento de las mujeres no solo les permitió integrar las estructuras comunitarias de toma de decisión, sino que también avanzar hacia la soberanía alimentaria. Mediante procesos de formación agroecológica, las mujeres adoptaron un rol activo al eliminar las comidas rápidas y envasadas de las dietas de sus comunidades, también implementaron la producción agroecológica e iniciaron la defensa de las semillas nativas y criollas, con lo cual están construyendo una nueva visión de su territorio y obtuvieron nuevas formas de generación de ingresos.
La nueva visión de igualdad y oportunidad también modificó las relaciones de poder. Esto fue útil para combatir la violencia que sufren las mujeres en una sociedad patriarcal. Gracias a esto iniciaron procesos de incidencia para que les otorgaran un 5% del presupuesto municipal de manera efectiva para el desarrollo de la mujer.
Toda la iniciativa apoyada por Justicia Alimentaria logró generar cambios de vida en las mujeres, quienes adoptaron un rol de agentes de transformación al conformar redes de mujeres en sus comunidades, las cuales fortalecen la base social para alcanzar la equida de género.
Mediante un efecto multiplicador, las mujeres campesinas han logrado replicar los saberes adquiridos en otras comunidades, dando prioridad a menores de edad para poder romper con el círculo vicioso que genera la discriminación, desigualdad y exclusión. También conformaron alianzas con sociedad civil y otros órganos de cooperación para dar sostenibilidad al proceso iniciado.
Los próximos pasos de estas mujeres siguen concentrados en fortalecer las organizaciones de base, buscando obtener la fuerza necesaria para exigir la aplicación de las políticas y leyes de nivel municipal y nacional que promueven sus derechos.
Aunque la tarea es ardua, las mujeres campesinas encuentran motivación en generar un cambio gracias a la mejora que han experimentado en sus propias vidas. Las herramientas brindadas por Justicia Alimentaria y CODIMCA han permitido avanzar en su desarrollo, como también en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Igualdad de Género, el cual es la base necesaria para conseguir una Honduras pacífica, próspera y sostenible.
__________________________________________________________________________________________
“Esto ha sido una gran
experiencia porque he podido
conocer los derechos que tengo
como mujer. Antes tenía miedo
de expresarme, pero el apoyo que
recibimos nos ayuda a valorarnos
como mujer, a entender cuál
es nuestro valor y a defender
nuestros derechos”.
Marta Perdomo, Vicepresidenta Red
de Mujeres
“Desde que estamos en el proceso
hemos logrado una mayor
participación comunitaria y
municipal, siendo beneficioso
para nuestro desarrollo. Estamos
trabajando para las mujeres,
seguimos luchando para salir
adelante”.
Manuela Sarmiento, Coordinadora
Red Municipal de Mujeres
