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El Parlamento Europeo está preparando un informe con su posicionamiento sobre las controvertidas negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). 375 colectivos de la sociedad civil procedentes de toda Europa, entre los que se encuentran la Campaña “No al TTIP”, han reclamado a los miembros del Parlamento Europeo que defiendan a la ciudadanía, a los trabajadoras y trabajadores, y al medio ambiente, ante la amenaza que supone el tratado.
Hoy mismo, estas 375 organizaciones, de consumidores, ecologistas, sociales y sindicales, presentes en 25 países, han hecho llegar una carta abierta a los grupos políticos del Parlamento Europeo [1]. En la carta señalan que el TTIP podría limitar la soberanía democrática de los Estados, fortalecer la influencia de las grandes empresas y socavar los servicios públicos, el medio ambiente, las normativas alimentarias y los derechos laborales.
En estos momentos la Eurocámara está debatiendo el proyecto de informe sobre las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones del TTIP, y la votación definitiva tendrá lugar -posiblemente en mayo- una vez que hayan dado sus respectivas opiniones las catorce comisiones parlamentarias que participan en el proceso. El informe no será vinculante, sin embargo representará una señal política, ya que el acuerdo definitivo del TTIP -si llega a producirse- debería votarse en el Parlamento Europeo.
Cuca Hernández, portavoz de la Campaña 'No al TTIP', ha recalcado que: "el TTIP es un intento de acabar con la democracia y ponerla en manos de grandes empresas multinacionales a través de negociaciones secretas y con propuestas políticas que pretende vaciar completamente la soberanía demcrática y el derecho a decidir de los parlamentos, instituciones y de la gente”.
Sandra Espeja, portavoz de la Campaña Estatal No al TTIP', ha señalado que: “el TTIP es un Caballo de Troya. Este tratado implicaría un ataque a los estándares de seguridad alimentaria, ambientales y laborales así como el sacrificio de los derechos democráticos a favor de los intereses de grandes empresas. Los Europarlamentarios han de rechazar de pleno las propuestas recogidas en el TTIP, como el mecanismo de resolución de controversias entre inversor y Estado (ISDS), que otorgan privilegios especiales a las grandes empresas para demandar a los gobiernos y rompen con el Estado de Derecho, así como la mal llamada cooperación reguladora, una herramienta definitiva de los lobbies empresariales para lograr legislaciones a su medida”.
La oposición al TTIP ha crecido exponencialmente en toda Europa estos últimos 12 meses. Se han puesto en marcha campañas en 25 países de la Unión Europea y se ha logrado resoluciones críticas en varios parlamentos. Más de 1,5 millones de personas han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea auto-organizada exigiendo a las administraciones europeas detener las negociaciones del TTIP y no ratificar el tratado de comercio entre Europa y Canadá, llamado CETA.