Llegan de Europa buenas noticias para la compra pública socialmente responsable. El proceso de revisión de la Directiva de Contratación Pública iniciado hace tres años llegó finalmente a su fin el pasado 15 de enero, día en el que se aprobaba en el Parlamento europeo la nueva directiva, favorable a la compra pública responsable.
La nueva directiva sobre contratación pública establece que las administraciones públicas puedan priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones, y no solamente el precio más competitivo. La nueva directiva debería permitir a las administraciones públicas de toda Europa invertir el dinero de los impuestos recaudados de manera más responsable.
Desde VSF aplaudimos la aprobación de esta nueva medida de la UE considerándola como un paso importante para la construcción de una compra pública más justa y responsable. Precisamente en esta lucha nos encontramos en la campaña “Cortocircuito”, en la que exigimos que desde las administraciones públicas se lleve a cabo una compra pública alimentaria más sana, cercana y justa priorizando criterios de proximidad.
En este sentido, que exista un marco europeo favorable a nuestros objetivos, que se incluyan criterios sociales, medioambientales e innovadores en las licitaciones, es la puerta de entrada a un sistema de contratación más justo en el estado español. Además, esta nueva norma europea nos sirve como marco perfecto para dejar atrás de una vez por todas el argumento que venimos escuchando desde hace años sobre la invasión en el terreno de la libre competencia de mercado si valoramos las contrataciones con otros criterios, pues el marco europeo deja clara la necesidad de tener en cuenta también dichos aspectos: sociales, ambientales e innovadores.
La nueva norma nos obliga a dar un giro en nuestra lucha y focalizar nuestros esfuerzos en, también, estar pendientes que se cumplan y respeten este tipo de criterios desde las administraciones públicas en el estado español. Y seguir presionando para que se incluyan criterios de proximidad en las compras alimentarias llevadas a cabo desde las administraciones, como las compras de alimentos para comedores escolares u hospitales.
La nueva directiva sobre contratación pública: La nueva legislación reestructura las actuales normas de contratación pública de la UE y, por primera vez, establece normas comunes en la UE para los contratos de concesión para impulsar la competencia justa y asegurar la mejor relación calidad-precio con la introducción de nuevos criterios de adjudicación que ponen más énfasis en consideraciones ambientales, los aspectos sociales y la innovación.
Además, para luchar contra el dumping social y garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores, las nuevas leyes incluirán normas sobre subcontratación y disposiciones más estrictas sobre las "ofertas anormalmente bajas". Los contratistas que no cumplan con las leyes laborales de la UE podrán ser excluidas de la licitación.
• Introducción de criterios sociales en las diferentes etapas del proceso de contratación siempre que estén vinculadas con el objeto del contrato.
• Diferenciar según el proceso de producción y los métodos empleados en este, aunque éstos no tengan un impacto en el producto final.
• Aceptar etiquetas y certificaciones como sistema de verificación de los criterios establecidos y así dar preferencia a los proveedores que ofrecen mejores condiciones laborales a sus trabajadores.
• Exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación social y laboral durante la ejecución del contrato como los convenios fundamentales de la OIT o los acuerdos de negociación colectiva, y los licitadores podrían quedar excluidos en caso de no cumplimiento .
• Hacer referencia a una lista de posibles criterios de valoración que aparecen en la Directiva entre los que se incluyen aspectos sociales y de comercio justo.
• Incluir aspectos de sostenibilidad en las especificaciones técnicas.
La nueva normativa va en la dirección establecida por la sentencia “Nord-Holland“ dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso C368/10) en la que, por primera vez, se aclaró que los contratos públicos pueden valorar positivamente a los productos de “origen comercial más justo“. La posibilidad de tener en cuenta los aspectos sociales junto con los ambientales es un paso importante respecto a las normas anteriores. Por otra parte, la nueva Directiva permite explícitamente hacer referencia a los sistemas de certificación como prueba del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos en el anuncio de la licitación.