Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Publicado de manera original en NuevaTribuna.es
En nuestro país, sabemos que el 44 % de la población no dispone de la renta necesaria para acceder a una dieta saludable. Esta es una de las causas por el cual el consumo de productos procesados se ha disparado hasta un 70 % de todo lo que consumimos, y como consecuencia, que la alimentación insana se haya convertido en el mayor problema de salud pública. Llegando sus enfermedades asociadas, cardiopatías, obesidad, cáncer, diabetes, etc... a consumir más del 20 % del prepuesto anual de sanidad. Lo cual, se traduce en que, de seguir así, este consumo hará insostenible el sistema público de salud.
Un sistema alimentario que además der ser el causante del aumento global de la desnutrición y obesidad está en la base del empeoramiento del cambio climático. El mismo cambio climático que a su vez aumentará la inseguridad alimentaria debido a fenómenos meteorológicos extremos, sequías y cambios en la agricultura.
Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales
Es obvio y así lo constata la propia OMS, que necesitamos abordar este problema de forma urgente, pero sobre todo a través de políticas públicas que faciliten el acceso de la alimentación sana y fresca a toda la población, y con especial énfasis, la de menor renta que es la que más sufre la carga e impacto de las enfermedades.
Para luchar contra la amenaza en la que se ha convertido el actual sistema alimentario desregulado y globalizado sabemos que es necesario abordarla de una manera urgente, transformando las actuales políticas agrarias y nutricionales, desde los niveles europeos hasta los más cercanos a nosotros.
En este artículo, si me permiten, querría centrarme en esas políticas más cercanas y sobre todo en aquellos puntos críticos que pueden ser profundamente transformadoras, y uno de ellos es la necesidad de establecer políticas locales y regionales para la vinculación de los productores y productoras a pequeña escala con los mercados municipales que aseguren el acceso de alimentación fresca y saludable a las mayorías sociales. Y una de esas claves pasa por la recuperación de los “espacios públicos alimentarios”, como los mercados municipales. Recuperación sí, por qué si bien siguen siendo de titularidad municipal, no están orientados como servicio público.
De hecho, si observamos en la actualidad la gran mayoría de mercados no cuenta con políticas públicas orientadas a este objetivo, sino que podemos ver que existen o bien aquellos que languidecen, sobre todo los llamados justamente mercados de barrio, por falta de inversión pública e imposibilidad de competir con hipermercados cercanos. O bien aquellos, que o bien gobiernos o empresas han descubierto su potencial como atractivo turístico, ubicación, y han sido objeto de grandes inversiones y reformas, que a su vez han provocado su aumento de precios, cambio de paradistas y tipología de establecimiento, y han acabado convertidos en un engranaje más del proceso de gentrificación de alguno de los barrios de importantes ciudades.
Pero lo que es claro, es que en cualquier caso han perdido dos de sus grandes cualidades. La primera, hacer accesible a los barrios el acceso a alimentación fresca a un precio razonable. En este momento según un reciente informe publicado por la OCU, dónde comparaba el precio de cinco frutas diferentes en 67 establecimientos de cuatro ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, daba como resultado que, el consumidor encontrará precios más caros en los mercados (un precio medio de 2,73 euros/kilo) respecto a los de supermercados (2,07 euros/kilo) e hipermercados (2,06 euros/kilo).
Casi podemos decir que ir al mercado se ha convertido en una actividad “elitista” de fin de semana que algunos llaman “merkating” para quién lo puede pagar, excluyendo a una buena parte de la población, justamente quién más necesita de espacios públicos de alimentación.
Pero además, otra de las grandes cualidades que han perdido estos mercados y tan necesarias hoy, son la vinculación a los sistemas alimentarios locales y regionales. La potenciación de estos sistemas son claves si como ya sabemos queremos luchar contra procesos tan graves como el cambio climático y el despoblamiento rural. Estos mercados habían servido y en muchos países aún lo hacen, como una oportunidad de llegar al consumidor final acortando la cadena de intermediación para la agricultura familia y de pequeña escala. Una de las pocas maneras de conseguir precios justos y remunerativos. En este momento, por ejemplo en Barcelona, dónde la gran mayoría de los alimentos provienen de Mercabarna y grandes cadenas de distribución, a través de los cuales llegan alimentos de medio mundo, y apenas un 7 % directamente de la compra a agricultores.
Por tanto podemos decir sin equivocarnos, que el mercado, como espacio público clave en la alimentación de las ciudades, se ha convertido en una pieza más de un sistema vertical de distribución en mano de grandes empresas y cadenas globalizadas, y que no sirven a objetivos y beneficio de la población.
Por ello es urgente reclamar la soberanía sobre nuestros mercados y su puesta al servicio de estos dos grandes objetivos, hacer accesible la alimentación sana y fresca a la población, sobre todo a la de menor renta y su vinculación al territorio y agricultura local.
Con medidas urgentes como replantear la gobernanza de estos espacios, para que cumplan su obligación de interés público, planificar y ordenar las licencias y tipología de locales, priorizando la alimentación local y saludable, y no el consumo de ocio y evitando la presencia de grandes empresas. O inversión en la reforma necesaria de estos espacios y su accesibilidad y en la creación de infraestructuras logística de apoyo para agricultor de pequeña escala.
En conclusión, hacer política para recuperar nuestros mercados, y ponerlos al servicio de la ciudadanía.