Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global
Publicado en BioEcoActual
Ya sabemos por las propias declaraciones de la OMS que la alimentación insana basada en productos procesados es el mayor problema de salud pública a nivel mundial, y el causante del 21% de las muertes por enfermedad evitables. En el Estado español su impacto ya provoca más del 30% del total del gasto sanitario.
En muchos países, entre los que no se encuentra el nuestro, se están comenzando a seguir las recomendaciones de la propia OMS en cuanto a implementación de políticas públicas y regulaciones que tengan como objetivo cambiar nuestra dieta actual hacia una más sana, basada en productos frescos y disminuyendo en la misma la presencia de los elementos críticos más relacionados con la mala alimentación como es el azúcar, las grasas y la sal.
De esas políticas y regulaciones podemos destacar las orientadas a la prohibición de la publicidad infantil de ese tipo de productos, medidas fiscales, de mejora de etiquetado y de establecimiento de planes de compra pública de alimentos para escuelas, etc.
Si seguimos el hilo de la cadena alimentaria, nos daremos cuenta de que si queremos alimentos saludables, en cantidad y calidad y con un precio asequible para la mayoría de la población, necesitamos un sistema alimentario y agrario que los proporcione. Por tanto, si los gobiernos quieren atajar los problemas de salud derivados del actual patrón de alimentación y prevenir la obesidad y la diabetes, deben comenzar por establecer políticas agrarias distintas.
Lo que sabemos hasta ahora es que los sistemas agrarios altamente industrializados proporcionan alimentos diversos, asequibles, abundantes y de calidad variable, pero también fomentan dietas menos saludables. Así, mientras la población de los países con sistemas agrarios altamente industrializados consume al año entre 80 y 90 kilogramos por persona de alimentos ultra-procesados de gran densidad energética, altas cantidades de grasas insalubres, sal añadida, azúcares refinados y bajas cantidades de micronutrientes esenciales, la población de sistemas alimentarios rurales y emergentes, en cambio, consume 20 kilogramos de estos alimentos ultra-procesados por persona cada año. Y claro, es evidente que además estos sistemas industriales y globalizados están vinculados a un tipo de explotación caracterizada por ser grande e intensiva en uso de agroquímicos y recursos naturales.
Varios estudios además han mostrado vínculos entre el modelo de agricultura y la diversidad alimentaria, y se ha informado que la diversidad de los suministros alimentarios nacionales se ha vuelto más homogénea con el tiempo, lo que suscita preocupación por la evolución de la diversidad nutricional global. La investigación realizada por la prestigiosa revista The Lancet sobre salud global y publicada en el pasado Abril, demuestra una vinculación del tamaño de la explotación con su capacidad de producción de alimentos con diversidad funcional y la provisión de nutrientes clave, mostrando que tanto la producción como la diversidad de nutrientes disminuyen al aumentar el tamaño de la finca. Encontraron que la mayoría de las granjas grandes (> 50 ha) están situadas en América del Norte y América del Sur, Australia, y Nueva Zelanda, y producen 75-100% de todos los cereales, ganado y fruta en estas regiones, mientras que las pequeñas (<20 ha) que se encuentran en África subsahariana, Asia, Asia sudoriental y China producen el 75% de los alimentos. Además, la mayoría de los alimentos producidos en pequeñas fincas provienen de sistemas agrarios diversos que generan una enorme variedad de verduras, frutas, tubérculos, pescados, etc…y, en cambio, la mayor parte de los cultivos relacionados con alimentación procesada, como el azúcar y el aceite, se producen a partir de explotaciones de gran escala.
La agricultura campesina y de pequeña escala no sólo es beneficiosa para garantizar el derecho a la alimentación de la mayoría de la población, sino que es imprescindible para asegurar la salud de las generaciones presentes y futuras. Para ello, los gobiernos han de implicarse de manera determinante en un cambio drástico de las actuales políticas agrícolas, para que apuesten por un modelo de agricultura campesina, basada en modelos sostenibles de producción y distribución en circuitos cortos, y para ello urge una reforma profunda para garantizar el acceso a los recursos para producir, entre ellos y de forma principal, a la tierra.
