Justicia Alimentaria muestra su más alta preocupación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras haber tumbado el impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, establecido por la Generalitat en 2017. La justicia ha admitido el recurso presentado por asociaciones de grandes distribuidoras, supermercados y fabricantes; y, además, impone al Govern de la Generalitat que asuma las costas del proceso. En este sentido, la organización va más allá y reclama que el impuesto se sitúe en torno al 20 %, tal y como marcan las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que se haga extensible a todo el Estado español.
La OMS lleva años pidiendo a los Gobiernos la aplicación de medidas fiscales correctoras para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Recordemos que, en el Estado español, las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, consumiendo ya el 20 % de todo el gasto sanitario, unos 20 000 millones de euros. Además, los datos de dos estudios independientes habían sido concluyentes respecto al éxito de la implementación de esta medida en Catalunya. Tanto la Universidad Pompeu Fabra (UPF) como la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) habían confirmado una reducción del consumo de bebidas azucaradas. En concreto, un año después de la instauración del impuesto específico en Catalunya, la ENS-ISCIII constató que la frecuencia de personas consumidoras habituales de refrescos azucarados había caído
un 25 %.
En este momento, y tras los buenos resultados del funcionamiento del impuesto en Catalunya, había llegado el momento de hacerlo extensivo a todo el Estado, pero por el contrario, el lobby ha doblado la mano al que se considera un poder «independiente». «No podemos todavía creernos que haya sido el lobby el que haya dictado la sentencia, a favor de sus intereses, y en contra del derecho a la salud de millones de ciudadanos, especialmente la población infantil y las clases populares», lamenta Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. Y añade: «El tribunal ha fallado a favor de las empresas y la justicia se ha plegado al poder de la industria».
No obstante, la sentencia es recurrible, por lo que la organización reclama a la Generalitat de Catalunya que no se quede de brazos cruzados ante esta situación y recurra ante el TSJC y mantenga el impuesto.
Justicia Alimentaria empezó a reclamar este impuesto en el año 2014 con la campaña 25 Gramos, por el control de la venta y publicidad del azúcar.