La salud no se distribuye de manera homogénea dentro de la sociedad. Dime lo que ganas y dónde vives, y te diré cuántos años menos vivirás. Bajo esta premisa y dentro de las acciones de la campaña Dame Veneno, VSF Justicia Alimentaria Global ha difundido un vídeo para alertar de las diferencias en salud entre los distintos grupos sociales a causa de la falta de acceso a una alimentación adecuada.
En el Estado español, el 45 % de la población no puede permitirse una alimentación saludable básica. Dicho de otra manera, la mitad de la población no puede costearse la pirámide nutricional. En este sentido, la Administración puede hacer campañas educativas y de sensibilización, la población puede conocer cuál debe ser la base de una alimentación saludable, qué alimentos consumir y cuáles evitar; pero, aunque estos esfuerzos tuvieran éxito, la realidad es que una de cada dos personas no podría llevarlo a la práctica. En la sociedad actual, la mayoría de la población no tiene la opción de elegir libremente comportamientos relacionados con la salud, como llevar una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante no nocivo para la salud. Así pues, la salud no la elige quien quiere, sino quien puede. Sin embargo, los Gobiernos de la gran mayoría de países basan sus políticas de prevención de la salud en recomendaciones relativas a los estilos de vida y no en poner medios para mejorar la calidad de vida de su población.
La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el Estado español y en el año 2016, más de 90.000 personas perdieron la vida a causa de enfermedades relacionadas con la alimentación insana. No obstante, las personas con niveles socioeconómicos más altos tienden no solo a tener más esperanza de vida, sino también a padecer menos enfermedades crónicas. Las diferencias entre barrios en las grandes ciudades son bien claras —en Barcelona, por ejemplo, vivir en un barrio pobre significa vivir 11 años menos que vivir en uno con renta alta— y la brecha se agranda aún más si el indicador usado es la calidad de vida.
La alimentación saludable se paga (y caro)
Una de las causas de la mala alimentación es la dificultad para acceder a una dieta sana; es decir, el precio de la alimentación sana respecto a la insana y la posibilidad real de compra de estos alimentos.
Aconsejar el consumo de alimentos sanos y nutritivos (que es la base de las acciones políticas de las Administraciones estatales y autonómicas) es inútil si las personas no tienen suficientes ingresos para comprarlos o si no son fáciles de conseguir. Los datos referentes al Estado español indican una diferencia de precio de 1,4 € por persona y día entre una dieta sana y otra insana. Para una familia, esto puede suponer más de 100 € por semana, una cifra que, para las clases populares, puede determinar que sus opciones de compra no sean las más saludables. Para muchas familias de bajos ingresos, este coste adicional representa un auténtico obstáculo para una alimentación más saludable y no cabe duda de que el precio de la alimentación saludable impide que las clases populares puedan seguir las recomendaciones nutricionales.
La actual legislación fiscal no distingue entre alimentación sana y alimentación insana y no promueve el acceso a productos frescos y sanos. Únicamente se basa en los grupos de alimentos considerados básicos, al margen de si son o no saludables. En este sentido, VSF Justicia Alimentaria Global reclama una nueva política fiscal alimentaria que aplique un IVA del 0 % a los alimentos saludables y del 21 % a los alimentos insanos para asegurar el acceso a una alimentación saludable básica para todas las personas.