Artículo de opinión publicado en nuevatribuna.es
Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Esta semana las Organizaciones impulsoras de la iniciativa europea #StopGlyphosate han exigido a la Comisión Europea que existan mecanismos de mayor transparencia en la información de los estudios científicos sobre la alimentación para asegurar su independencia. Su independencia está ahora en entredicho después de los numerosos casos de conflicto de intereses e injerencia de los lobbys alimentarios y consideran del todo insuficiente la propuesta que ha realizado la propia Comisión Europea.
Esto que preocupa tanto a la ciudadanía europea, parece que en el Estado español apenas tiene repercusión e interés mediático, y menos político. ¿Será porqué aquí estamos bien y contamos con una regulación eficaz? Nada más lejos de la realidad. En el Estado español, no es que haya una deficiencia en el control del conflicto de intereses, sino que lo que realmente hay es una total y absoluta barra libre.
Hace unos días leíamos en El País que “Coca-Cola ha entregado ocho millones de euros a decenas de organizaciones científicas y médicas españolas entre 2010 y 2017, según los datos de la propia compañía. Las que más dinero recibieron fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición (835.000 euros), la Fundación Española Del Corazón (640.000 euros) y la Fundación Española de Nutrición (567.000 euros)”, todo muy normal.
O si les parece poco y quieren ver más casos, no tienen que ir más que a visitar el informe “Confiad en Mi” sobre el lobby alimentario de Justicia Alimentaria y descubrirán las prácticas comunes de la industria y su influencia en los estudios científicos a través de patrocinios de cátedras universitarias, la creación de centros de estudio vinculados a la administración, el pago de investigaciones científicas; la colocación de gente afín en puestos clave (con sus nombres y apellidos), las visitas a profesionales de la salud, los convenios de colaboración con medios de comunicación y la creación de campañas conjuntas con las administraciones. En el Estado los casos son innumerables, pero recuerden, todo esto aquí es legal. No en vano diferentes estudios independientes y públicos a nivel internacional declaran que existe una fuerte asociación entre el tipo de financiación de artículos científicos y sus conclusiones. Hasta ocho veces más probabilidades de tener conclusiones favorables a la empresa alimentaria que los que no contaban con esa financiación.
"Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática"
En este punto, habrá quién pueda pensar que esto es un tema algo técnico, de académicos y que no afecta al día a día de los ciudadanos de a pie. Pues miren, la mala alimentación y las enfermedades asociadas representan, hoy en día, el primer problema de salud del Estado español. Ante un problema de tal magnitud, las administraciones públicas deberían contar un plan que identificara las causas, atajara el problema y pusiera en marcha soluciones efectivas. Sin embargo, lo que tenemos no es una total inactividad por parte de la administración para solucionar este problema, sino que a través como a través de la influencia de los diferentes grupos de presión. El Estado se ha convertido en un aliado natural de la industria para el diseño y ejecución de políticas públicas totalmente contrarias al interés de los ciudadanos.
Después de esto, no es difícil saber por qué en nuestro país no existe en este momento medidas regulatorias alineadas con las propias exigencias de la OMS para acabar con la epidemia de las enfermedades asociadas a la alimentación insana como si están haciendo otros países. Carecemos de medidas básicas y urgentes como son los impuestos a las bebidas azucaradas (salvo en Catalunya), prohibición de la publicidad infantil de alimentos insanos, regulación de un etiquetado alimentario claro y eficaz, inclusión de la alimentación saludable en el curriculum escolar, etc.
Se trata de poner coto a una de las más eficaces formas de corrupción, que ataca directamente a cualquier sistema de gobernanza democrática. Por ello es urgente el establecimiento una regulación estricta del conflicto de interés, empezando por exigir que las corporaciones manifiesten públicamente todos sus conflictos de intereses científicos, de políticas públicas e ideológicas. Además, establecer entidades de financiamiento independiente que puedan aceptar contribuciones de las empresas para la realización de la investigación científica y sobre la política pública, pero sin ningún tipo de injerencia. En definitiva, no permitir la participación de cualquier organización que tenga conflicto de interés entre sus objetivos públicos y sus objetivos privados en la toma de decisiones sobre la política de salud pública.
¿O seguimos haciendo como si nada?