La campaña 'No al TTIP, CETA, TiSA' pide a los grupos parlamentarios tiempo suficiente para un escrutinio exhaustivo de un tratado que impactaría directamente en la población e hipotecaría gravemente su futuro.
Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto remitir el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a las Cortes. Es uno de los primeros pasos en el proceso de ratificación estatal después de la firma en octubre y que una mayoría del Parlamento Europeo diera luz verde al tratado el pasado 15 de febrero.
“Tal como habíamos anunciado en febrero cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo con Canadá, nos movilizaremos para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario”, comunica la campaña No al TTIP, CETA, TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas opuestas a los tratados comerciales neoliberales.
“El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1.600 páginas y asegurar que las preocupaciones sobre un texto de tal envergadura sean consideradas bajo la lupa del interés general. Hay graves controversias, por ejemplo, relacionadas con la gestión de los servicios públicos, la posibilidad que tienen los inversores para desafiar leyes con un tribunal de arbitraje específico, el encarecimiento de medicinas con las reglas de propiedad intelectual, la precarización laboral mediante la movilidad temporal de trabajadoras y trabajadores, la prohibición de regular servicios financieros que pueden causar nuevas quiebras bancarias y financieras, los impactos en la contratación pública de los municipios o los capítulos de regulación nacional que rebajan estándares ambientales o ponen en peligro la salud”, señala la campaña.
El mundo rural, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los servicios públicos están entre los grandes perjudicados del tratado comercial con Canadá, así como las personas afectadas por las hipotecas (PAH), las preferentes o las cláusulas suelo.
Las organizaciones integrantes de la campaña solicitan a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de estudio del CETA y el encargo de un estudio de impacto independiente.
Portavoces de la campaña han añadido: “Son asuntos de gran peso que merecen ser estudiados y debatidos con el máximo rigor. Asimismo, todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sus análisis ante las y los representantes parlamentarios. Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada en cuantas audiencias hagan falta en sede parlamentaria. Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”.
Por todo ello, se hace un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política hacia los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA.
Se pide también a los representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos que informen de las consecuencias del CETA en su ámbito y expliquen cómo restringiría el derecho a regular y limitaría la autonomía local y la soberanía parlamentaria.
Además de una campaña de información y difusión en medios, se convocarán diferentes movilizaciones para expresar, antes de la votación en las Cortes, el rechazo a un tratado diseñado para los intereses de grandes grupos empresariales y no para los de la mayoría social