*Javier Guzmán es Director de VSF Justicia Alimentaria Global
Lee el artículo publicado en La Marea
El precio de alimentos como las frutas y las verduras ha aumentado un 300% durante los últimos años en la mayor parte del mundo. En cambio, el precio de los alimentos calóricos que favorecen el sobrepeso y la obesidad se ha reducido a la mitad en el mismo periodo.
Si comparamos la evolución de precios de algunas frutas, hortalizas o tubérculos, con uno de los componentes usuales en la comida basura como es el azúcar, vemos cómo todos los alimentos básicos son más caros que los azucarados.
Los datos demuestran que, en las últimas décadas (desde 1983), el precio de la fruta fresca y verdura se ha incrementado tres veces más que el azúcar y derivados, y seis veces más que los refrescos, por poner dos ejemplos de comidas y bebidas insanas.
Pero el cambio en la estructura de precios provocada por la industria y la falta de políticas activas tiene un coste oculto, un coste externalizado en forma de pérdida de salud para las poblaciones más pobres. Para ponerle alguna cifra, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y el Ministerio de Sanidad, la obesidad supone el 8% del gasto sanitario anual en España, es decir más de 2.500 millones de euros; y la diabetes tiene un coste directo anual de 5.809 millones de euros, lo que representa también el 8,2 por ciento del gasto sanitario total.
En España por ejemplo, la tasa de obesidad está disparada y en una tendencia al alza que no ha sido revertida en ningún momento, así el sobrepeso afecta al 55% de la población, la obesidad al 17% -según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, y todavía peor es la cifra alarmante que aparece cuando se echa un vistazo a la obesidad y sobrepeso infantil, porqué ahí España ocupa el primer puesto en la UE y el segundo en el mundo, justo por detrás de los Estados Unidos, pero situado muy cerca. Pero como decíamos, no es un tema que afecte igual a toda la población, sino que en las clases sociales con menos renta la obesidad aumenta en más de un 30%.
La mala alimentación no es en absoluto un tema frívolo o de conducta individual, sino que tiene causas estructurales y efectos dramáticos en las vidas y derechos de millones de personas. Así, la OMS señaló en su último informe a la obesidad como la crisis de salud más importante a nivel mundial a la que nos enfrentamos y como la principal causa mundial de las discapacidades. En el caso de España, el informe indica que el principal factor de riesgo que está reduciendo la salud de la población es el alimentario. Por encima del tabaco, el alcohol, las drogas, etc..
La expansión de las políticas neoliberales a nivel global han provocado una expansión global del problema de la mala alimentación, del que la obesidad y el sobrepeso son la cara más visible. Sin embargo, ante este enorme problema comprobamos año tras año la ineficacia de la respuesta desde las administraciones públicas, que en España se empeñan en seguir la estrategia y argumentario de las grandes corporaciones. Este no es otro que repetir hasta la saciedad que no es un problema social, sino un problema de hábitos individuales de vida, pasando por tanto la carga del problema al individuo aislado.
Por el contrario, es evidente que necesitamos urgentemente políticas públicas que puedan corregir los efectos externos negativos derivados del consumo de estos productos, y una de las medidas más efectivas y claves para ello es establecer una política de impuestos que mejore el acceso a una buena alimentación, que restrinja el consumo de mala dieta y que por tanto que evite que el coste social recaiga sobre una parte de los consumidores, los más pobres.
En la Unión Europea de hecho, ya se está utilizando un gravamen distinto en función de distintos alimentos, pero obviamente no está siendo utilizada con el objetivo de mejorar la dieta y actuar sobre los alimentos que, consumidos en exceso, están generando los problemas de salud asociados a la mala alimentación.
En España, la aplicación de los tipos de IVA reducidos y súper reducidos en los alimentos se basa fundamentalmente en las definiciones que el Código Alimentario hace de los grupos de alimentos considerados cómo básicos. No parece que se consideren otros factores como hábitos de compra, el impacto sobre la salud o la asequibilidad de ciertos alimentos para determinados grupos de población. En otros países la cosa es distinta. Por ejemplo, Irlanda contempla 89 subgrupos dentro de la categoría general de alimentos básicos, a los que aplica un IVA del 0%. En Reino Unido, los alimentos básicos también están gravados un 0%, incluyendo una gran variedad de grupos: carnes, pescados, cereales, frutas y hortalizas, entre otros, así como alimentos con contenido bajo en calorías o especiales para diabéticos o alérgicos.
Pero no sólo eso, el Consejo de la Unión Europea, en sus recomendaciones a España de junio de 2013, sugiere explorar la posibilidad de limitar la aplicación del tipo reducido de IVA. También la Agencia Salud Pública Catalunya ha propuesto lo mismo. Vemos cómo hay prácticamente consenso en que sería útil reducir los impuestos a los alimentos saludables para estimular su consumo. Si ello es así para los productos sanos, ¿por qué no utilizar las mismas razones y argumentos para los insanos?
Podríamos preguntarnos, ¿quién pierde por el hecho de que la fruta fresca tenga un IVA del 0%? ¿Parecería que todo el mundo gana, no? Des de los productores hasta el consumo. La explicación está en los intereses del lobby de la industria alimentaria.
Como consecuencia, por el momento las clases populares siguen colaborando a los beneficios de estás grandes empresas a costa de su salud, mientras las clases adineradas pueden seguir disfrutando del derecho a la alimentación, sana y adecuada.