Pedimos al Ministerio de Agricultura condiciones de trabajo dignas para las personas que trabajan el campo

20/09/2021 - 15:39

El pasado 25 de junio el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos llegaron a un acuerdo que incluye la condicionalidad social como un elemento central de la nueva PAC para 2023-2027. Por primera vez en la historia, las instituciones de la UE acordaron una reforma de la PAC que tiene en cuenta las condiciones de millones de trabajadores agrícolas en Europa.

Según dicho acuerdo, los Estados miembros tendrán que incluir en sus Planes Estratégicos Nacionales de la PAC un mecanismo de condicionalidad social que deberá ser aplicable el 1 de enero de 2025, pudiendo ser de aplicación voluntaria a partir del 1 de enero de 2023.

Además, los mecanismos de condicionalidad social se basarán en los controles realizados por la inspección de trabajo. Las decisiones que se deriven de esos controles o de las denuncias individuales y colectivas deberán ser comunicadas a los organismos pagadores de la PAC, junto con una evaluación del incumplimiento. Las conclusiones y evaluaciones comunicadas serán la base para que los organismos pagadores de la PAC impongan una reducción (o una exclusión total) de las subvenciones a los beneficiarios de la PAC.

Por ello, solicitamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Trabajo y Economía Social que el Plan Estratégico Nacional de la PAC de España:

  • Establezca la condicionalidad social para su aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2023.
  • Incluya mecanismos de control y coordinación entre las autoridades laborales y los organismos competentes en la gestión de las ayudas de la PAC, con el fin de hacer efectiva la condicionalidad social de la PAC, así como las sanciones establecidas.
  • Dote de recursos económicos y humanos suficientes a las autoridades laborales con el fin de garantizar el respeto del derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda de las personas trabajadoras en la actividad agraria, en los términos establecidos por el derecho nacional, europeo e internacional.
  • Incluya recursos suficientes para la puesta en marcha de acciones de formación y asesoramiento a los beneficiarios de la PAC en materia de derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras en el sector agrario

 

*Photo by Fernanda Méndez en Unsplash