El próximo 15 de noviembre a las 10,30h en El Mercado de San Fernando Madrid (C/ Calle de Embajadores, 41) la Plataforma Ecocomedores Madrid, la Cooperativa Garúa (dentro de su proyecto Alimentar el Cambio), CECU, Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, AGIM COAG, AUPA, AMASAP (Asociación madrileña de salud pública) y OCT (Observatorio Cultura y Territorio) presentarán el MANIFIESTO POR UNA COMPRA PÚBLICA ALIMENTARIA SOSTENIBLE, que insta a los grupos de la Asamblea de Madrid a desarrollar las iniciativas legislativas necesarias para promover la compra pública con criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural.
Además, el manifiesto invita al Gobierno regional y sus departamentos responsables de Educación, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía, a que se sumen a este reto expresado en la PNL 146/16 RGEP 6821,1 incorporando la participación de todos los actores implicados en la producción, transformación y consumo de alimentos, así como los profesionales y las instituciones independientes de la nutrición y la salud pública.
El manifiesto desea impulsar las buenas prácticas de compra alimentaria en todos los servicios públicos madrileños ya que las administraciones públicas españolas gastan entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales en servicios de restauración y suministro de alimentos3 y tienen un importante impacto en la sociedad por su volumen de compra y por su valor ejemplarizante.
Miles de ciudadanos y ciudadanas que comen a diario en los servicios públicos madrileños forman parte de un colectivo cautivo sin apenas alternativas de elección pese a que requieren una especial atención alimentaria al tratarse de niñas y niños en edad de crecimiento, personas hospitalizadas, mayores en centros de día, población en riesgo de exclusión social.
Las administraciones madrileñas, además de cumplir con el derecho humano a la alimentación, tienen la oportunidad de garantizar una alimentación saludable y sostenible en los espacios bajo su gestión, aprovechando las muchas ventajas económicas, medioambientales y sociales derivadas de esta.
En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (que transpone la Directiva 2014/24/UE 4) establece entre sus objetivos conseguir una mejor relación calidad-precio e incluye en los criterios de adjudicación aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores. Cada vez más comunidades autónomas y ciudades promueven estas pautas de compra pública alimentaria bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental, principalmente en restauración escolar.
La guía sobre Compra Pública Verde de la Comisión Europea de 2016 incluye un apartado sobre restauración instando a los gobiernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica en los servicios contratados, marcar unos porcentajes mínimos y/o asignar puntos por la utilización de frutas y hortalizas de temporada, o incluir cláusulas contractuales encaminadas a reducir al mínimo los residuos y de envases.
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