La investigación tiene como objetivo mejorar la viabilidad de pequeñas producciones artesanales y facilitar la puesta en marcha de nuevas producciones
Justicia Alimentaria presenta el estudio “Análisis de las barreras legislativas y normativas para las pequeñas producciones artesanales de Andalucía” con el objetivo de allanar el camino a la producción, transformación y comercialización de alimentos campesinos, de temporada y con vocación de circuito corto. O, dicho de otro modo, eliminar las barreras actuales que limitan su actividad y la dificultan innecesariamente.
Son escasos los estudios sobre productos elaborados con procesos artesanales que permitan mantener su carácter único y diferencial de acuerdo con la normativa higiénicosanitaria y otras legislaciones de comercialización; mientras que hay muchos estudios sobre la elaboración de productos industrializados. La desvalorización del conocimiento tradicional y la legislación existente ha promovido una artesanía alimentaria concebida a la medida de la industria, eliminando a muchas personas que habían elaborado artesanalmente toda la vida. En este contexto, esta investigación pretende contribuir a los debates recientes sobre el papel de las pequeñas transformaciones tradicionales alimentarias. Se analizan las principales dificultades y se proponen alternativas de solución para mejorar su viabilidad. Finalmente, aunque este informe se centra en la realidad andaluza, se han dedicado diferentes apartados para visibilizar algunas experiencias del Sur global, que permiten reflexionar y establecer diálogo de saberes entre las diferentes realidades de la pequeña producción alimentaria.
Beneficios sociales, ambientales y económicos de la alimentación a pequeña escala
La alimentación de proximidad tiene una serie de beneficios a todos los niveles. Entre los ambientales, destaca que los sistemas alimentarios locales conllevan una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (recordemos que el sistema alimentario globalizado representa casi la mitad de las emisiones), una menor demanda energética y específicamente de energía fósil (la base del sistema alimentario globalizado es el petróleo necesario para fertilizantes, plaguicidas, mecanización, transporte o envasado), una menor contaminación (la principal industria contaminante a nivel europeo es la alimentaria) o poner un freno a la alarmante pérdida de biodiversidad agrícola y de espacios agroambientales, entre otros. A nivel de beneficios socioeconómicos, una de las cuestiones más destacables es que los mercados locales crean más empleo local y más diverso, generan más economía local (por cada euro que se invierte en estos sistemas, se llegan a generar más del doble de ingresos locales que en el sistema globalizado), permiten visibilizar las actividades de las mujeres transformadoras de alimentos y suponen una de las pocas salidas para un sector agrario en crisis desde hace años y abandonado al enorme poder que ostenta la industria y la distribución en la cadena agroalimentaria dominante. Para el sector agrario familiar, la venta de proximidad aparece como una oportunidad de escapar de esas cadenas alimentarias pilotadas por un pequeño grupo de corporaciones con cada vez mayor poder. Los mercados locales son herramientas que facilitan que las fincas agrarias sean económicamente rentables y capaces de dotar de un nivel de vida adecuado a los trabajadores y sus familias. La viabilidad de las actividades agrarias es clave para el mantenimiento de una agricultura y un medio rural vivos. Y el medio rural es importante para los que viven en él y para los que no. Las valoraciones llevadas a cabo por un estudio financiado por la Unión Europea, indican que las cadenas cortas de comercialización son las formas más importantes y más beneficiosas para el desarrollo rural. En general, generan más empleo que cualquier otra actividad, más ingresos que la mayoría de otras actividades y más valor añadido neto monetario que cualquier otra forma de actividad.
