Justicia Alimentaria ha reclamado hoy, a través de la publicación de un vídeo, la prohibición del uso de antibióticos en animales que no tenga un fin terapéutico. Para la organización es prioritario restringir el uso de antibióticos en animales sanos, excepto en los casos autorizados por la Administración pública y debidamente justificados, ya que el desarrollo de bacterias resistentes a este tipo de medicamentos constituye una de las amenazas más serias para la salud pública mundial.
Se calcula que más de 35.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos[1], que se produce cuando las bacterias se vuelven resistentes a estos fármacos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y son más difíciles de tratar, ya que no responden al tratamiento, lo que supone estancias hospitalarias más largas, incremento de los costos médicos y aumento la mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se toman medidas urgentes, muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales[2].
La industria ganadera abusa del suministro de antibióticos en animales, ya que la mayor parte de los antibióticos no se administra a animales enfermos, sino sanos. Esta práctica se utiliza para poder mantener las condiciones actuales de hacinamiento de miles de animales en las granjas industriales de cerdos, pollos o bovinos. Esto favorece la aparición de patologías, básicamente por la misma acumulación animal (y de densidad de agentes infecciosos) y por la situación de estrés que genera una inmunosupresión crónica. «Antes de que los animales se pongan enfermos se le suministran antibióticos. Esto supone que pagamos la sobremedicación de los animales con nuestra salud», sentencia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
Recientemente, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento 2019/6, que ha supuesto un paso en la dirección adecuada para reducir el exagerado consumo de antibióticos en la ganadería industrial. El Reglamento será completamente efectivo en 2022, y estipula que los medicamentos antimicrobianos no se aplicarán de manera rutinaria y reitera que no se pueden usar como promotores del crecimiento (eso ya estaba prohibido anteriormente) ni para aumentar el rendimiento. La novedad estriba en que, además, indica que no se deben usar para la profilaxis[3] y, en el caso de la metafilaxis, solamente cuando el riesgo de propagación de una infección en el grupo de animales sea alta y no existan otras alternativas apropiadas disponibles. Además, en todos los casos, estos productos solo deberían estar disponibles con receta veterinaria y será el equipo veterinario quien decida, después del diagnóstico correspondiente, que no existe otra opción.
Sobre el papel, el Reglamento mejora el actual sistema, pero no detalla las medidas de control y fiscalización que aseguren que esa recomendación se cumpla en las granjas industriales ni fija objetivos de reducción en el uso de antibióticos. No sería la primera vez que una normativa adecuada se queda en papel mojado por falta de instrumentos de control y coacción sobre los agentes económicos implicados.
Por ello, debemos exigir al Gobierno del Estado español que complemente el Reglamento europeo con medidas adecuadas que aseguren su cumplimientos (incluyendo sanciones) y que fije objetivos de reducción drástica en un corto período de tiempo, en consecuencia con la gravedad del problema y la posición del Estado español como líder europeo absoluto y uno de los mayores del mundo en el abuso de antibióticos críticos en ganadería.
Un negocio socialmente caro
El Estado español es líder europeo en el uso y abuso tanto de los pesticidas como de los antibióticos, lo que significa que son dos caras de un mismo modelo productivo. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro veces más que Alemania (que tiene el doble de vacas y el mismo número de cerdos) y seis veces más que Francia (que tiene tres veces más vacas). El consumo total de antibióticos en salud humana fue en 2016 de 136,38 mg/kg de biomasa, excluyendo receta privada, mientras que ese mismo año fue de 362,4 mg/kg de biomasa en veterinaria. Si en los humanos existe la sobremedicación, en los animales productivos la situación actual es crítica.
La alimentación insana es el factor que más incide en la salud de la población española, a una distancia considerable de otros como el tabaco, el alcohol, las drogas o las enfermedades transmisibles. Y dentro de la categoría de riesgo alimentario, el más importante es el cárnico. En concreto, el 60 % de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Los gastos en salud pública relacionados con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne ascienden a los 7.400 millones de euros (costes directos e indirectos). Esto supone un gasto por persona de 157 euros/año, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante. El negocio de la carne, altamente rentable para la industria cárnica, sale realmente caro al resto de la sociedad.
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[3] Se entiende por profilaxis la administración de un medicamento a un animal o grupo de animales antes de existir signos clínicos de una enfermedad, a fin de evitar la aparición de tal enfermedad o infección; y por metafilaxis la administración de un medicamento a un grupo de animales previo diagnóstico de una enfermedad clínica en parte del grupo, con el fin de tratar a los animales clínicamente enfermos y controlar la transmisión de la enfermedad a animales en estrecho contacto y en peligro y que ya puedan estar infectados de forma subclínica. Especialmente, la metafilaxis ha sido el gran agujero legal por el que se colaban (y se cuelan aún) la mayor parte de toneladas de antibióticos aplicados masivamente en ganadería industrial.