Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Artículo de opinión publicado en Lamarea.com
La agricultura y ganadería en nuestro país en los próximos años se va a encontrar delante de enormes problemas. La competencia en los mercados internacionales crecerá. La pérdida de población en el área rural continúa y todo ello en un contexto donde el cambio climático ejercerá cada vez mayor presión. Cambios que ya sabemos que van causar a la desaparición de cultivos tradicionales como cereales, que necesitan temperaturas bajas en amplias zonas del país; mayor estrés hídrico en numerosas cuencas; mayor mortalidad en la cabaña; cambios en la floración y ciclo de cultivo que dará como resultado; bajada de productividad y rendimiento de cultivos; así como un aumento del riesgo de pérdida de cosechas por fenómenos extremos y consecuentemente una más que probable caída de renta agraria y abandono de la actividad y los campos.
Pero sin esperar al futuro inmediato, al día de hoy, sabemos que la agricultura y ganadería actual, industrial y globalizada, se encuentran en una encrucijada histórica y que ha de resolverse urgentemente, porque este modelo ha dejado de servir al interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, se ha convertido en una amenaza.
Este modelo, basado en el uso de insumos derivados del combustible fósil, es uno de los que más contribuye al cambio climático, tanto por sus emisiones como por el uso químicos y pesticidas que arrasan la biodiversidad y fertilidad de los suelos. Se calcula que el 40% de las emisiones provienen del sistema alimentario actual. O si lo quieren ver más claro, por ejemplo, un sector emisor de gases como es la industria de fertilizantes nitrogenados de síntesis, teniendo en cuenta todo su ciclo y la producción total. Este sector emite más de 20 millones de toneladas de CO2 y la principal empresa, Fertiberia, 15 millones (el equivalente a las emisiones de Angola, Zambia y Namibia juntos). Un modelo incompatible con la preservación del medio ambiente, que es la agenda en la que nos jugamos el futuro inmediato. Háganse una idea, cada año 23 estadios de fútbol se llenan de purines por los 30 millones de cerdos que producimos es España
Es obvio que necesitamos acabar con esta inercia si realmente queremos luchar contra el cambio climático, y lo debemos hacer antes que el resto de países de la UE. Debemos caminar rápido hacia un sistema que produzca los alimentos sanos, de forma sostenible, y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero.
Pero para esta enorme transformación del agro y la alimentación, necesitamos un elemento clave, que es el desarrollo y avance a la agricultura de pequeña escala. No se puede abordar este cambio sin agricultores y agricultoras como es obvio.
Y, en realidad, los tiros no van por aquí, sino que la actual la deriva es hacia la concentración de la tierra en pocas manos, destruyendo empleos y por tanto población. El número total de las explotaciones en la UE se ha desplomado en más de cuatro millones de explotaciones desde el año 2003, un descenso del 27,5% en tan sólo una década. Pero es que en nuestro país, además, en solo diez años 6 de cada 10 agricultores activos se jubilaran y no hay relevo.
Para revertir este proceso y cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático es evidente y a nadie se le escapa, que ya sobre la mesa debería existir una una ley que planifique y ordene esta necesaria transición ecológica de nuestra agricultura y ganadería. Este plan para la transición agrícola debería ser valiente y empezar con medidas rápidas como el abandono de cultivos destinados a los agrocombustibles. La prohibición e incentivos para el abandono de usos de plaguicidas, como el glifosato, nicoticoides etc. Prohibición de instalación de megagranjas de animales, así como determinación de máximos de cargas ganaderas por región y por granja.
Prohibición del cultivo de transgénicos. Es decir, medidas que limiten la expansión de un modelo contrario a los objetivos de transición y otras que apunten en la dirección de desarrollo del modelo que queremos, como el aumento del cultivo de plantas forrajeras autóctonas y bajar la dependencia de soja importada, incentivación del uso de energías renovables, energía solar, etc. Control y adecuación del uso de agua y el abandono de cultivos insostenibles. Políticas públicas de incentivación de la alimentación saludable, empezando por la inversión en circuitos cortos, compra pública, en infraestructuras agrarias y ganaderas adaptadas a la producción de pequeña escala. Entre ellas, medidas de ecofiscalidad que graven las prácticas más negativas y externalidades medioambientales como los residuos de las granjas intensivas o uso de plaguicidas y las que ayuden a los modelos más sostenibles.
No me extiendo más en cuanto a medidas, pero todas ellas deben tener dos elementos comunes y transversales. Por un lado, el Estado debe garantizar recursos económicos y apoyo financiero para la transición a la agricultura ecológica y diversificación de cultivos. No podemos cargar sobre la agricultura familiar después de todo, los costes de transición, sino todo lo contrario.
Es, además, urgente el establecimiento de un plan de subvenciones y de remuneración por los servicios ‘a lo público’ generado por los modelos de producción sostenible, como la preservación el medio ambiente, captura de carbono, gestión del territorio, o de lugares específicos como zonas secas.
Pero también hará falta un sistema de formación y apoyo a la instalación de nuevos agricultores, mejora de los sistemas de transferencia y acceso a tierras, financiación de proyectos colectivos, así como apoyo específico para la adaptación y mitigación en
algunos.
Por tanto, ya ven, la transición agrícola nos afecta a todos, pero sin agricultores y agricultoras este no será posible, y estamos en tiempo de descuento. De otra forma olvídense de tener en el futuro alimentos sanos, frescos, a precios asequibles, producidos en entornos rurales vivos y sostenibles.
Ya vamos tarde.
*Foto: Joan Marcelo Marques en Unsplash