Justicia Alimentaria, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Food & Water Action Europe y el Observatorio de la Deuda en la Globalización solicitan al Gobierno español que los 10.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación gestionados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y amparados en las políticas verde y digital de la UE, vayan destinados a impulsar una transición justa y sostenible del modelo agroganadero.
Asimismo, denuncian que los distintos proyectos liderados por la industria cárnica pretenden impulsar la creación de plantas de tratamiento de purines de los animales que viven hacinados en las macrofábricas de carne industrial, con el fin de producir biogás. Además tienen entre sus objetivos la mecanización de la cría de animales y del posterior procesado de la carne.
España lidera el crecimiento de la ganadería industrial en la UE
España es el cuarto productor mundial de carne de cerdo, después de China, EE UU y Alemania. El fuerte crecimiento de la cabaña ganadera porcina, con un aumento de casi 20.000 cerdos por semana en los últimos años, está imposibilitando que España cumpla los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea. La ganadería es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, que es ya el cuarto principal emisor de España. El porcino es ya responsable del 22 % de las emisiones de la ganadería en España. Además, la producción industrial de carne tiene asociados enormes impactos climáticos, medioambientales y sociales en países del Sur Global derivados de la importación de soja transgénica para consumo animal.
La ganadería industrial es una grave amenaza para el desarrollo rural en España
Los proyectos presentados por la industria cárnica a los fondos europeos de recuperación suponen el desarrollo de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical, que está sustituyendo a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural.
Este modelo de ganadería industrial tiene además graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas con mayor densidad de industria porcina. Los planes hidrológicos vigentes han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganadería industrial. Además, la Comisión Europea ya ha advertido a España, a través de un dictamen motivado, de la necesidad de afrontar este problema.
Frente a este modelo depredador del territorio, se ha generado una movilización sin precedentes con la creación de decenas de plataformas vecinales en defensa de un mundo rural vivo, articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, de la que forma parte Justicia Alimentaria. Dichas organizaciones solicitan al Gobierno de España una moratoria a la ganadería industrial.
El Pacto Verde Europeo y el peligro de las falsas soluciones a una transición justa y sostenible
Los fondos europeos de recuperación son un instrumento temporal que pretende impulsar medidas para “una recuperación sostenible y resiliente, la creación de trabajo y la reparación del daño causado por la COVID-19, a la vez que dará apoyo a las prioridades verdes y digitales”. Estas ayudas forman parte del Pacto Verde Europeo de la Unión Europea (UE), así como otras políticas específicas en materia alimentaria, como las nuevas estrategias “De la Granja a la Mesa” y de Biodiversidad, que guiarán la nueva Política Agraria Común (PAC).
La creación de nuevas plantas de producción de biogás ligadas a explotaciones ganaderas industriales supone una estrategia de lavado verde de las grandes empresas cárnicas y un apoyo con dinero público a la ganadería industrial que debería destinarse a otros fines. La producción de biogás no elimina el principal problema de los purines, la contaminación por nitratos, y su posible inyección a la red de gas en forma de biometano solo sirve como excusa para perpetuar inversiones en infraestructuras de gas fósil que dificultan la transición energética. Resolver el problema de los purines implica una moratoria sobre nuevas explotaciones ganaderas industriales, la reducción de la cabaña ganadera industrial y una transición decidida hacia modelos de ganadería más extensivos y sostenibles.
Las organizaciones sociales y ecologistas afirman que financiar a la ganadería industrial en España únicamente servirá para acrecentar los graves problemas de salud global, emergencia climática, pérdida de biodiversidad y despoblamiento rural. Los fondos europeos de recuperación deben ir destinados a impulsar políticas que fomenten la producción local de alimentos, el impulso a la pequeña producción agroecológica y la necesaria transición justa y sostenible del sector agrario y ganadero.
*Foto: Laura Anderson de Unsplash