La campaña #NoalTTIP demanda la eliminación de tratados comerciales como el TTIP, TPP, TiSA y CETA. La Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio movilizará cientos de ciudades en todo el mundo
Una enorme balanza presidía hoy la entrada a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Uno de sus platos albergaba unos sacos de arena en representación de las multinacionales. En el otro había más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea, recogidas a lo largo de un año, en contra de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre EE UU y la UE, de otros tratados de libre comercio como el de la UE y Canadá (CETA por sus siglas en inglés) y el que 50 países negocian para liberalizar sus servicios públicos (TiSA por sus siglas en inglés). Los responsables de este regalo han sido los más de 500 colectivos que forman parte de la campaña europea contra los tratados comerciales, que han batido todos los récords de recogida de firmas a escala europea. Mientras que una Iniciativa Ciudadana Europea (similar a una Iniciativa Legislativa Popular europea) requiere un total de un millón de firmas y superar un 1% de cuota en al menos siete países, en el espacio de un año la campaña ha recogido el triple de firmas totales y ha superado la cuota en 23 países miembros. Sin embargo, la entrega de estas tres millones de firmas ha sido simbólica debido a que la Comisión Europea, con el déficit democrático que le caracteriza, denegó a la campaña la posibilidad de realizar la iniciativa ciudadana.
La Semana Internacional contra los Tratados de Libre Comercio coincide con el anuncio de la finalización de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), negociado entre EE UU, Japón y otros 10 países de Asia y América, por considerar que, al igual que el TTIP, el CETA o el TISA, busca privatizar los servicios públicos, rebajar la legislación en materia de protección social, laboral o ambiental o dar la posibilidad a las multinacionales extranjeras para demandar a los Estados si alguna ley produce pérdida de beneficios, tal y como demandan los principales grupos empresariales.