«La bollería estaría situada en la punta de la pirámide y habría que comerla 1-2 veces por semana. El secreto de una alimentación sana y divertida es alternar alimentos más saludables con alimentos más apetitosos con las frecuencias alimentarias recomendadas.» Esta aberración es una recomendación de una de las principales empresas de catering de las escuelas del Estado, Grupo Serhs.
En el Estado español, la alimentación insana es el factor de riesgo que más problemas causa en la salud y responsable del 21% de las muertes evitables. Si hablamos de población infantil, la cifra de sobrepeso y obesidad se sitúa en torno al 45%. Ante estas cifras alarmantes, ¿puede una empresa hacer declaraciones de este tipo sin que las Administraciones públicas tomen medidas? Los productos procesados suelen ser una bomba de azúcar, sal y grasas; por lo que, desde VSF Justicia Alimentaria Global, consideramos que una afirmación como la de Grupo Serhs atenta directamente contra la salud de los niños y las niñas.
La pirámide nutricional no indica nada sobre la bollería industrial, no hay una sola guía de alimentación saludable pública o independiente que incorpore la bollería industrial entre los productos que deben consumirse. Sin embargo, todas ellas afirman rotundamente que son productos que deben evitarse, especialmente entre el público infantil. Además de la famosa pirámide —un grafismo antiguo y muy cuestionado actualmente—, existen otras muchas formas de representar unas comidas saludables, como la propuesta recientemente por Harvard, en la que, evidentemente, la bollería no aparece en sus recomendaciones.
34.000 menús en todo el Estado
El Grupo SERHS, con más de 500 millones de euros de facturación anual, es el primer grupo turístico de Catalunya y uno de los líderes del sector del catering y vending. Entre sus clientes se encuentran el Zoo de Barcelona, los estadios de fútbol del FC Barcelona y el RCD Español, el Gran Teatre del Liceu, el Parlament de Catalunya y AENA; además de ser los responsables del servicio de catering de 150 escuelas y 18 centros de salud. Esto significa que esta empresa suministra un total 34.000 menús al día en todo el Estado y son los responsables de la alimentación diaria de miles de niños y niñas en todo el país. Si esta empresa aplicara en su servicio de restauración sus criterios de ofrecer bollería un par de veces por semana, estaríamos hablando de que dichos menús podrían contener 1,5 toneladas azúcar y un cuarto de tonelada de grasas saturadas. Esto supondría, al año, distribuir más de 60 toneladas de azúcar entre sus clientes y 14 toneladas de grasas saturadas. Ante estas cifras, cabe esperar que este grupo empresarial no aplique el mismo criterio en su política de menús que en sus recomendaciones en la web. ¿Qué puede haberles empujado a hacer este tipo de afirmaciones en su sección educativa? Solo se encuentra una respuesta: mantener buenas relaciones con sus principales proveedores, entre ellos Panrico, Nestlé y Coca-Cola.
Otras polémicas acompañan a este grupo de restauración
Otra de las polémicas que ha acompañado al Grupo Serhs en los últimos meses es el contrato con 30 centros educativos públicos del Ayuntamiento de Terrassa. Su concesión estuvo parcialmente suspendida por la denuncia de diversos colectivos y partidos políticos del ayuntamiento que habían criticado que el concurso lo ganara una empresa por su oferta económica, pero que había quedado penúltima en la valoración técnica, que es la que valora el tipo de alimentación y las actividades educativas. En concreto, consiguió el concurso por ofertar 500 becas comedor (el resto de empresas ofrecían entre 75 y 215). Dichas becas costaron a Serhs 500.000 € y según las voces críticas, eso se pagaba a costa de la calidad y el servicio de los menús[1].
Desde VSF Justicia Alimentaria Global, consideramos que la Administración pública puede (y debe) tener un papel determinante para impulsar la alimentación saludable, tanto desde la acción legislativa como a través de su rol como consumidores o «compradores» de alimentos. Urge la aprobación de unos perfiles nutricionales como los que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecer los parámetros de lo que es alimentación saludable y lo que no lo es y definir la actuación de las Administraciones públicas en su implicación en el diseño de los menús escolares. Se estima que se destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras públicas alimentarias cada año. Si este volumen de compra se realizara en mercados de proximidad y se aplicara el criterio social y ambiental por delante del precio, podría suponer un catalizador importantísimo para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables y tendría unas consecuencias importantes para la salud de la población y el medio ambiente.