Este curso puede ser una oportunidad para la puesta en marcha de una política pública basada en una alimentación sana, cercana y justa
El denominador común de cada septiembre es el mismo: la vuelta al cole. Y con ello, los comedores escolares se pondrán en marcha para dar de comer a miles de niñas y niños en todo el Estado. Pero, ¿qué tipo de alimentación se sirve en los comedores? El Estado español se sitúa a la cabeza del sobrepeso infantil en Europa y afecta a un 44% de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta esta problemática velar por la máxima calidad nutricional de los menús escolares debería ser una prioridad. Sin embargo, la normativa actual sobre comedores escolares favorece la subcontratación a empresas de catering y dificulta la adopción de alternativas ecológicas y de proximidad. Además, la calidad nutricional de los menús no es adecuada: suele haber poca verdura, un exceso de proteína animal y un abuso de fritos y otros productos no saludables.
La repercusión de unos menús basados en una alimentación fresca y de proximidad es especialmente significativa cuando se aplica sobre los colegios u hospitales, 2 de los grandes sectores de la compra pública alimentaria, por su alcance social y el beneficio diario que supone. Este volumen de compras da un gran poder al Estado para intervenir en la salud pública y cambiar la alimentación altamente procesada, de larga distancia y servida por grandes empresas de catering a otra basada en una alimentación de proximidad y producida por el campesinado familiar.
El valor de llevar una alimentación saludable se debe trabajar en la escuela
El comedor escolar es un lugar idóneo dónde hacer pedagogía y enseñar a los niños y niñas la importancia de los alimentos, su origen, así como del medio natural, social y cultural en el que ellos viven y dónde se cultivan los alimentos. Es, por tanto, un espacio con un importante potencial educativo en el que transmitir el valor de una alimentación sana, equilibrada y variada, basada en la sostenibilidad ambiental, que procede de un sector primario cercano, local, familiar y arraigado en el territorio.
Economía local, medioambiente y salud
Se estima que se destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias cada año. Los principales receptores de estas compras son los centros de educación básica (57%) y los de salud pública (25%), y en menor medida, los centros de educación superior, centros penitenciarios y otros lugares públicos. Si este volumen de compra se realizara en mercados de proximidad estaríamos ante un gran catalizador para la economía local con la generación de empleo de forma directa e indirecta, dinamizar el territorio, revalorizar el mundo rural, incrementar la calidad nutritiva de los alimentos, reducir los efectos de contaminación (menos alimentos de exportación y menos envases, etc.) y recuperar la cultura gastronómica en los centros públicos.
Si se tienen en cuenta estas cifras, la compra pública alimentaria no puede tener como único criterio el coste del servicio, sino que la responsabilidad pública implica que se deban tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y ambientales de todas las compras. El Estado debe ser el primer responsable en sus acciones de consumo.
Desde VSF Justicia Alimentaria Global somos consciente que empieza un nuevo curso y, por tanto, una nueva oportunidad para la puesta en marcha de una política pública que favorezca las iniciativas de compra pública de alimentos basada en una producción local y familiar que vele por el derecho a una alimentación sana, cercana y justa.