En pleno debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) Justicia Alimentaria ha lanzado una nueva petición para que se apruebe una política fiscal alimentaria que aplique un IVA del 0 % a los alimentos saludables y del 21 % a los alimentos insanos para asegurar el acceso a una alimentación saludable básica para todas las personas. El pasado mes de marzo de 2018, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno a aplicar medidas impositivas, entre otras, para fomentar la alimentación fresca y saludable, per hasta el momento el Ejecutivo ha hecho oídos sordos.
La actual legislación fiscal no distingue entre alimentación sana y alimentación insana y no promueve el acceso a productos frescos y sanos. Únicamente se basa en los grupos de alimentos considerados básicos, al margen de si son o no saludables. Esto significa que actualmente en el Estado, apenas hay diferencia fiscal entre el IVA de las frutas, legumbres o pescados y el de la bollería industrial o las bebidas azucaradas. Un hecho que no tiene ningún sentido desde el punto de vista sanitario. Por ello, Justicia Alimentaria exige un cambio de la política fiscal alimentaria consistente en generar una diferencia de precios para conseguir promover el consumo de unos productos y reducir el de los otros. Esta nueva medida está pensada para favorecer la alimentación saludable de las personas más desfavorecidas y con rentas más bajas, ya que una de cada dos personas no puede acceder a una alimentación saludable y se ve obligada a comer de manera insana porque no puede pagarlo. En definitiva, las personas con rentas más bajas se ven obligadas a comer peor y, por ello, enferman más.
La política fiscal y las políticas de promoción de la salud empujan en direcciones opuestas
Actualmente, la política fiscal alimentaria y la política sanitaria son disonantes: no existe coherencia entre la actuación fiscal sobre los alimentos y los programas de alimentación saludable; empujan en direcciones opuestas. Es un caso realmente peculiar dentro de la UE, donde en la inmensa mayoría de países, los alimentos de perfil nutricional claramente insano tienen un IVA superior al de los alimentos básicos o los que presentan un mejor perfil nutricional.
En el Estado español, la aplicación de los tipos de IVA reducido y superreducido a los alimentos por parte de la Dirección General de Tributos se basa fundamentalmente en las definiciones que el Código Alimentario hace de los grupos de alimentos considerados básicos. No se tienen en cuenta otros factores como el impacto en la salud o la asequibilidad de ciertos alimentos para determinados grupos de población.
El cambio en la dieta y el auge de enfermedades
En el Estado español, un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, un 45% de la diabetes y un 30-40% de algunos cánceres, como los de estómago y colon, pueden atribuirse a la alimentación insana. En los últimos 20 años, nuestra dieta ha cambiado: el 70% de lo que comemos son alimentos procesados, altos en azúcares, grasas y sal. Una estimación del impacto económico de las enfermedades asociadas a una dieta insana nos ayuda a poner sobre la mesa la magnitud del problema: 20.000 millones de euros anuales. Esto es el 20% del presupuesto en sanidad, una cifra que no para de crecer.
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