Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Publicado en Nuevatribuna.es
Estos días que volvemos hablar del nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los presupuestos, parece que otra vez se le ha olvidado incluir el impuesto sobre bebidas azucaradas. Suele pasar, miren, lo mismo ha pasado durante la tramitación del presupuesto el pasado mes de diciembre en la Comunitat Valenciana, y su razón, por lo que parece, se sustenta en las declaraciones del portavoz socialista, Manolo Mata, que ha asegurado que la aplicación de este impuesto en otros lugares no ha servido para reducir el consumo de bebidas azucaradas.
Lo mismo pasó hace un par de años, cuando el Ministro Montoro una vez que se aprobó el impuesto por la Genaralitat Catalana, abrió la agenda para hacerlo estatal. Sin embargo, al poco tiempo la guardó en un cajón y decidió por algún motivo cambiarlo por otra iniciativa presentada justo hacía un año por la entonces Ministra de Sanidad Dolors Montserrat rodeada de empresas del sector, el llamado Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020 para reducir el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3.500 productos en torno a un 10%, gracias al compromiso voluntario de más de 500 empresas.
Bueno pues ya está, pensará usted, las empresas bajan el azúcar, se reduce su consumo, mejora nuestra salud y nos ahorramos un impuesto. Y podría ser, pero lo que ha pasado realmente es que los datos de dos estudios independientes son contundentes respecto a la implementación del impuesto en Catalunya. La tasa del azúcar ha funcionado, y lo ha hecho mucho mejor que la previsión. Así, tanto la Universidad Pompeu Fabra, hace unos meses, como la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III afirman que se ha reducido un 25% su consumo.
También sabemos que la propia Organización Mundial de la Salud lleva años pidiendo a los gobiernos su aplicación urgente, como medida para luchar contra la epidemia de la obesidad y sus enfermedades derivadas. Recordemos que en España, las enfermedades relacionadas con la alimentación insana son el primer problema de salud pública, consumiendo ya el 20% de todo el gasto sanitario, unos 20.000 millones de euros.
Sin embargo todo el mundo sabe que los compromisos voluntarios son palabras que se lleva el viento, así este año comprobamos como los resultados de la evaluación de la estrategia de reducción voluntaria de las empresas aplicada en el Reino Unido fracasaba estrepitosamente y finalmente el gobierno decidió aplicar el impuesto sobre las bebidas azucaradas.
¿Y en España? ¿Ha tenido éxito el compromiso de las empresas? ¿Han reducido el porcentaje de azúcar? ¿Se ha evaluado? ¿Se va a evaluar? Pues la verdad es que no sabemos nada. Pero todo indica que la conclusión ya la han escrito, el impuesto sobre bebidas azucaradas no funciona, y deje usted de preguntar que, por su puesto, nada de esto tiene que ver con las presiones del lobby alimentario.