Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Publicado de manera original en Elsaltodiario.com
En las últimas décadas se ha desarrollado en nuestro país una industria cárnica de enormes proporciones, gracias a que buena parte del gasto de la PAC, casi el 70 % ha ido dirigido a subvencionar directamente la producción ganadera industrial o bien el pienso que este ganado consume. Resumiendo, más de la mitad de los costes de producir carne de cerdo están subvencionados. ¿Ustedes conocen algún sector que cuente con esta ayuda? Se podría calificar de auténtico dopaje, sin el cual, está industria no sería posible.
Por ello nos hemos convertido en el tercer país productor y exportador de cerdos, tan solo por detrás de EEUU y China, generando enormes beneficios para unas cuantas empresas, pero a su vez creando cada vez más externalidades, tanto para nuestra salud como para el medio ambiente o el territorio, que nos obligan a cuestionar y denunciar la viabilidad de este sistema de consumo y producción hipercárnico, basado en carne baratas, procesadas y rojas.
En este momento en nuestro país ya estamos muy lejos de los límites y recomendaciones saludables de consumo de carne. De hecho, comemos seis veces más carne de la recomendación máxima, y eso es mucho, pero, además, comemos diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Como resultado de esta perversa ecuación está el 28-38 % de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares, porcentaje que puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18 % de la diabetes o el 28 % de los cánceres colorrectales.
Este consumo excesivo de carne también tiene sus efectos en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto público relacionado con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne asciende a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante.
Los componentes de la carne y derivados cuyo consumo excesivo nos enferma son básicamente de tres tipos: grasas insalubres, sal y productos cancerígenos. Y estos tres componentes se presentan en mayor cantidad en las carnes rojas y procesadas.
Los famosos procesados suelen llevar aditivos nitrogenados, los famosos nitritos. Estos incrementan el riesgo de cáncer, y eso es lo que denunció la OMS en su famoso informe publicado en 2015 y que ha sido refutado por tierra, mar y aire por la industria cárnica. Sin embargo, la Administración ha optado por la decisión política de permitir su uso y, por tanto, nuestro consumo, argumentando que su eliminación supone un riesgo de salud pública mayor al incrementarse el riesgo de contaminación bacteriana. En realidad, estos nitritos y nitratos sirven para darle al producto un color rosado o más vivo de manera artificial, nada más.
Pero, no se vayan todavía, aún hay más, como decía el ínclito Súper Ratón. A estos componentes hay que sumar los efectos del abuso que está haciendo la ganadería industrial de antibióticos, y la cosa no es de broma. El abuso de los antibióticos tiene consecuencias nefastas para la salud humana. Se calcula que más de 3.000 personas mueren cada año en el Estado español por culpa de la resistencia a los antibióticos, más otras muchas que sufren complicaciones y reducción de su calidad de vida. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kilogramo de carne. Eso es cuatro veces más de lo que se emplea en Alemania (que tiene el doble de vacas y los mismos cerdos) y seis veces más de lo que se usa en Francia (que tiene tres veces más vacas). Una buena parte de estos antibióticos no son utilizados de forma terapéutica para curar animales enfermos, sino a modo de profilaxis, de prevención, lo cual permite tener hacinados en una instalación a miles de animales. Sin este “chute” no sería posible este modelo basado en factorías ganaderas.
Por este motivo, desde la campaña “Carne de Cañón”, queremos hacer llegar a la población esta información y abrir el debate público sobre medidas políticas necesarias, debate que fue ocultado interesadamente en nuestro país, después que el año 2015 la OMS denunciara que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas para los seres humanos. Este informe provocó un seísmo monumental en la industria cárnica. Más allá de la nota de prensa oficial, en el resto de los mensajes contra la OMS la industria permaneció en la sombra. Quien habló por ella fueron sus infiltrados en el mundo de la salud, la carne con bata blanca. El caso es muy ilustrativo de cómo actúa la industria para maquillar la insalubridad del consumo excesivo de carne y cómo los poderes públicos se pliegan a sus intereses.
Por ello es urgente poner en la agenda social medidas para la reducción del actual consumo de carnes rojas y procesadas, como son la fiscalidad alimentaria, los famosos impuestos a las carnes procesadas, o la eliminación de las carnes procesadas y la reducción de las carnes rojas en los menús escolares, así como la aplicación del IVA 0 a productos frescos vegetales y legumbres con el objetivo de mejorar su acceso a toda la población. Además, necesitamos eliminar los elementos más críticos y peligrosos de estos productos, por ello es urgente la prohibición del uso de nitritos por parte de la industria cárnica, la prohibición del uso colectivo de antibióticos en la producción animal con finalidades profilácticas, y, por último, para que todo ello funcione, establecer de una vez una regulación estricta y transparente para los casos de conflicto de interés entre la industria alimentaria y las entidades científicas vinculadas a la salud y la nutrición. Finalmente, es necesaria la eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no sostenible y la creación de ayudas para la promoción de modelos de ganadería en extensivo y a pequeña escala, así como un plan de financiación para su transición ecológica.
El consumo de carne y la producción ganadera no debería ser una amenaza para nuestra salud y el medio ambiente, pero el actual conflicto entre los intereses entre las grandes corporaciones cárnicas y ganaderas y el derecho a la salud de la ciudadanía obligan a tomar medidas contundentes y urgentes hacia un cambio del modelo de consumo y producción.