En este momento político en el que se están constituyendo nuevos Gobiernos locales y autonómicos, y en el que también hay un cambio a nivel estatal, Justicia Alimentaria propone una serie de medidas para conseguir una transición alimentaria que tenga en cuenta los parámetros de salud, justicia social y sostenibilidad. Necesitamos urgentemente cambiar el rumbo hacia un sistema que produzca los alimentos sanos y de forma sostenible y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo, distribución y consumo que contribuyan a ello.
Una gran mayoría de la sociedad española está concienciada y se preocupa por los efectos negativos del actual sistema alimentario en la salud y su vinculación directa con el cambio climático y el despoblamiento rural. Sin embargo, faltan políticas públicas reales y efectivas que tengan en cuenta esta preocupación y ayuden a paliar la situación.
La evidencia científica es incuestionable. La alimentación insana es ya la primera causa de enfermedad y pérdida de calidad de vida en el mundo; también en el Estado español, donde afecta a las clases sociales con menos renta y donde el gasto sanitario derivado de estas patologías ya alcanza el 20 % de todo el sistema público de salud.
El actual modelo alimentario se basa en el uso de insumos derivados del combustible fósil y es uno de los factores que más contribuye al cambio climático, tanto por sus emisiones como por el uso de químicos y pesticidas que arrasan la biodiversidad y fertilidad de los suelos. Se calcula que el 40 % de las emisiones causantes del cambio climático provienen del sistema alimentario actual.
Es obvio que necesitamos acabar con esta inercia si realmente queremos luchar contra el cambio climático. Debemos caminar rápido hacia un sistema que produzca los alimentos sanos y de forma sostenible y que, por tanto, se adapte a métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero, así como abordar el necesario proceso de transición ecológica.
Otro de los efectos dramáticos que las actuales políticas agrarias han generado ha sido un intenso proceso de despoblamiento rural, vaciando nuestros pueblos y acelerando la concentración de la tierra en pocas manos, lo cual destruye también empleos. El número total de las explotaciones en el Estado español se ha desplomado, con una caída del 13,4 % desde el año 2003. Además, en los próximos diez años, 6 de cada 10 agricultores activos se jubilarán, y no hay relevo.
La producción agrícola y ganadera de pequeña escala, que se basa principalmente en explotaciones familiares, son cruciales para asegurar un sistema sostenible de producción y la creación de empleo y, por tanto, la lucha contra el despoblamiento y conservación del territorio.
Sabemos que la agricultura y la ganadería actuales, industriales y globalizadas, se encuentran en una encrucijada histórica y que ha de resolverse urgentemente, porque este modelo ha dejado de ser útil para el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Es más, se ha convertido en una grave amenaza.
Por eso exigimos el establecimiento urgente de una Política Pública para la Transición Alimentaria que contemple las siguientes medias:
1. Aprobación de una fiscalidad alimentaria alineada con los objetivos de salud pública, que grave aquellos alimentos con perfiles nutricionales más insanos, especialmente productos con altas tasas de azúcar y carnes procesadas, así como la aplicación del IVA cero para productos más saludables.
2. Prohibición de la publicidad dirigida al público infantil de alimentos con perfiles nutricionales insanos.
3. Establecimiento de un nuevo sistema de etiquetado nutricional, situado en la parte frontal de los alimentos, que sea más claro, eficiente y sencillo, para facilitar las decisiones a la hora de adquirir o no determinados alimentos en base a su perfil nutricional.
4. En aplicación del principio de precaución, prohibición del uso de aditivos alimentarios sobre los que exista evidencia científica acerca de sus efectos negativos para la salud. Un ejemplo de ello son los nitritos y nitratos utilizados por la industria cárnica.
5. Establecimiento de planes de compra pública de alimentos por parte de la Administración pública procedentes de modelos agrícolas y ganaderos sostenibles y vinculados al territorio y que apuesten por la recuperación de las cocinas propias en escuelas y la creación de cocinas municipales.
6. Establecimiento de una regulación estricta del conflicto de interés, exigiendo que las corporaciones publiquen todos sus conflictos de interés científicos, políticos y/o con aquellas entidades que interfieran en su actividad.
7. Establecimiento de medidas de ecofiscalidad que graven las prácticas más negativas y externalidades medioambientales, como los residuos de las granjas intensivas o uso de plaguicidas, y que ayuden a los modelos más sostenibles.
8. Establecimiento de un marco jurídico propio para la protección de los suelos y regulación de las prácticas agrarias vinculadas con la misma.
9. Prohibición de la instalación de megagranjas.
10. En aplicación del principio de precaución, prohibir el uso de plaguicidas (glisofato, nicoticoides, etc.) e incentivar el abandono de aquellos para los que existan evidencia científica sobre sus efectos negativos en la salud y el medio ambiente.
11. Prohibición del cultivo de transgénicos.
12. Aumento y promoción del cultivo de proteína vegetal autóctona y disminución drástica de la dependencia de soja importada.
13. Control y adecuación del uso del agua, apoyando económicamente la transición de cultivos exigentes en agua a aquellos más adaptados a las condiciones climatológicas de la Península, ahora y a medio plazo.
14. Eliminación efectiva de los tratamientos preventivos grupales con antibióticos en la producción animal.
15. Eliminar los subsidios a la producción cárnica no sostenible y creación de ayudas para la promoción de la agricultura sostenible y saludable, así como ayudas que apoyen modelos de granjas de pequeña escala, producción ecológica y extensiva. Aquí se puede concretar: red de mataderos locales municipales, remunerar los servicios ambientales de gestión de la maleza, etc.
16. Establecimiento de límites de tamaño para todas las granjas y especies, así como limitación del número de cabezas de ganado por territorio.
17. Inversión en infraestructuras públicas para la producción de pequeña escala.
18. Recuperación de los mercados municipales, así como implementación de regulaciones cuyo objetivo sea ligar estos mercados al territorio y ofrecer una alimentación asequible a las personas con menor renta.
19. Eliminación de las barreras normativas que dificulten la transformación y comercio local de productos ganaderos y agrarios de origen local y pequeña escala, así como la concreción de las medidas de adaptación del paquete higiénico sanitario contempladas en la normativa europea para pequeñas producciones.
20. Inversión en infraestructuras municipales para el acopio y distribución de producción local, así como apoyo a iniciativas de la economía social y solidaria.