La Covid-19 está golpeando amplias capas de la población y agravando la situación de hambre en muchas zonas del mundo, por lo que es imprescindible seguir tejiendo una extensa red de alimentación local que asegure alimentos sanos y accesibles
Con la propagación de la pandemia por todo el mundo, se han agravado otros problemas que ya eran latentes en muchas sociedades y se pondrán en riesgo derechos básicos, como el de la vivienda y la alimentación. La crisis económica que está por venir es galopante y en muchos países en los que trabajamos peligra el hecho de poder alimentarse cada día. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que 187 millones de personas viven «inseguridad alimentaria moderada o grave» en Latinoamérica. Con respecto a África, la ONU recalcó a mediados de abril que el continente podría sufrir «los mayores impactos» de la crisis del coronavirus.
Desde Justicia Alimentaria consideramos imprescindible seguir trabajando para fortalecer los sistemas alimentarios locales de producción agroecológica basados en redes de producción, transformación y distribución local que aseguren una alimentación sana a toda la población. La Covid-19 nos ha enseñado la importancia de disponer de producción local propia de productos esenciales para la vida, a no depender de terceros. La alimentación es y será un bien esencial que hay que proteger en cada territorio como si fuera un tesoro. Por eso trabajamos por una agricultura dirigida a la alimentación de la población, ya que los sistemas agroexportadores, además de generar problemas medioambientales y sociales, también generan inseguridad alimentaria, sobre todo en momentos de crisis. Frente al modelo de producción y distribución agroindustrial, promovemos sistemas de producción local diversificados y extensivos, con circuitos cortos de comercialización, que generen riqueza en las economías locales, respeten el medio ambiente y aseguren al campesinado precios justos que les permitan vivir de su trabajo. Además, ponemos una atención especial en el apoyo a las mujeres y sus actividades productivas para mejorar sus condiciones de vida.
En Haití, el seísmo que azotó la isla en 2010 obligó a un cambio significativo en el trabajo que desarrollamos con las organizaciones campesinas. Como respuesta a la vulnerabilidad de las comunidades y para evitar que se cayera en un modelo de dependencia de las semillas traídas de fuera, se puso en marcha una red de semillas en distintas zonas del país. Sin semillas no hay alimentos a futuro, así de claro; por lo que disponer de una red que asegure la distribución de semillas es esencial para asegurar la producción de alimentos locales en el país. El seísmo de 2010 fue clave para sentar unas bases en las que se debía cambiar el modelo de agricultura industrial totalmente dependiente de recursos externos, que solo beneficiaba a transnacionales y que agravaba el ya preocupante estado de vulnerabilidad del campesinado en Haití. Con la situación generada por la Covid-19, seguimos trabajando con base en los mismos cimientos que colocamos hace ya más de 10 años como forma de resiliencia.
En Guatemala, las banderas blancas, símbolo del hambre, ondean en algunas fachadas por falta de alimentos, ya que un porcentaje altísimo de la población vive en condiciones de pobreza. Es por eso que una de las acciones que llevamos a cabo desde Justicia Alimentaria es la de apoyar a las mujeres achíes de distintas comunidades para recuperar el amaranto, de cualidades nutritivas muy valoradas.
Otra iniciativa que permite mejores condiciones de vida para las mujeres del Corredor Seco de Chiquimula es la puesta en marcha de «reservorios» de granos. Se trata de silos con maíz y frijol comprado en época de abundancia para garantizar la provisión de alimentos básicos para las familias durante períodos de crisis como el actual, en tiempos de sequías recurrentes o durante épocas de malas cosechas por culpa de las plagas. Estas reservas están gestionadas por mujeres comunitarias, que garantizan que el precio sea justo y no se especule con los alimentos.
En Bolivia hemos consolidado, en diferentes comunidades indígenas de Totora (Oruro) y Tarabuco (Chuquisaca), Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM), en las que los miembros de la comunidad se organizan para producir, transformar, comercializar y consumir de manera conjunta, bajo el liderazgo de sus autoridades originarias, siguiendo sus propias formas de gestión y repartiendo los beneficios entre toda la comunidad. Ahora trabajamos para reforzar esos sistemas alimentarios resilientes y expandir la experiencia.
En Honduras, durante los últimos años, apoyamos el movimiento de mujeres campesinas para desarrollar la propuesta y conseguir la aprobación de la Ley Credimujer, que consiste en la asignación de una partida en el presupuesto nacional para que las mujeres campesinas puedan acceder a ayudas económicas y préstamos en condiciones favorables. Ahora les apoyamos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan con esas partidas presupuestarias y que les permiten mejorar sus condiciones de vida a través de sus propias iniciativas económicas.
En Cuba seguimos apoyando el movimiento de Agricultura Urbana Suburbana y Familiar (AUSF). Actualmente, este modelo garantiza el suministro de productos agrícolas a la población local y prioritariamente a lo que se denomina consumo social: escuelas, hospitales, centros de maternidad y otro tipo de instituciones. En La Habana se empezó a producir de esta forma precisamente en otro momento de severa crisis, a comienzos de los años 90, cuando el bloqueo económico y la caída de la Unión Soviética habían dejado a Cuba en situación de emergencia alimentaria. Esta situación de emergencia que se está viviendo hoy en todo el mundo reafirma la importancia de relocalizar la producción de alimentos y de crear una buena red de distribución que abastezca todas las capas de la población, sobre todo aquellas más desfavorecidas y que no tienen acceso a alimentos saludables.
En República Dominicana impulsamos la Alianza por la Alimentación Saludable y el año pasado lanzamos la campaña «Comida que enferma», para visibilizar los impactos negativos en la salud de los alimentos procesados y ultraprocesados, promover la alimentación de productos sanos y frescos de proximidad y hacer propuestas de regulación al Gobierno. Ahora, con la crisis de la pandemia, el campesinado dominicano, a través de la Articulación Nacional Campesina (ANC), demanda al Gobierno un plan de emergencia agropecuaria para recuperar y relanzar su aparato productivo nacional, trabajamos con ellas y ellos para generar una corriente de opinión y una alianza más amplia favorable a esas demandas.
En la República Democrática del Congo, la mayoría de su población vive por debajo del umbral de pobreza, con un índice cercano al 85 %. El objetivo de nuestro trabajo en el país es transformar el peso demográfico de la población campesina en peso económico con la creación de empresas cooperativas agrícolas. Las organizaciones campesinas deben adquirir mayor peso económico, por lo que hay que seguir fortaleciendo sus capacidades para que logren ser viables y sostenibles a largo plazo.
En Senegal, la Covid-19 está conduciendo a la inseguridad alimentaria, el hambre y la pérdida de ingresos. Algunos productos perecederos (pescado, leche y productos hortícolas) están perdiendo valor debido al cierre de los mercados semanales —conocidos como louma— y las enfermedades animales ya no se tratan. Una de las premisas básicas de este tiempo es dejar de importar a Senegal productos que afecten a ciertos sectores (hortalizas, frutas, aves, etc.) para permitir que las productoras del país vendan sus existencias. En este sentido, es esencial establecer una buena infraestructura para asegurar una conservación óptima de los productos perecederos. A su vez, estamos trabajando en la mejora de la productividad de huertos dirigidos por mujeres, en la mejora del funcionamiento de los mercados territoriales y en la promoción de sistemas alimentarios saludables, sostenibles y equitativos.
Desde Justicia Alimentaria seguiremos trabajando para fortalecer sistemas alimentarios locales hegemónicos que aseguren una alimentación sana a toda la población y llamamos a la solidaridad entre pueblos para hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. Necesitamos seguir creando y apoyando este tipo de redes, la alimentación de las personas no puede depender del capital extranjero, del buen funcionamiento de puertos, aeropuertos y mercados mayoristas que ofrecen alimentos kilométricos expuestos a la especulación y la volatilidad del mercado. Los Estados deben disponer de redes de producción y distribución propias para alimentar a su población, solamente así podremos salir de la crisis que ya empieza a azotar a amplias capas de la población. Solamente así podremos construir con justicia social.
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