Artículo de opinión de Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria
Publicado de manera original en Nuevatribuna.es
Este pasado mes de junio finalmente hubo fumata blanca en Bruselas y se alcanzó un acuerdo sobre la futura PAC y que estos días entra en su recta final. Se trata de una PAC que se está vendiendo como una PAC “verde”, y pista de aterrizaje a la necesaria transición ecológica del sector alimentario.
Si bien está última versión cuenta como medidas que apuntan en la buena dirección, como es la condicionalidad ambiental y social de los pagos y ayudas, y el impulso a prácticas sostenibles, éstas acaban siendo extremadamente débiles y pensadas en muchas ocasiones para las grandes explotaciones.
La realidad es que cuando uno desbroza la hojarasca de esta densa política, se da cuenta que en realidad no toca ni cambia en absoluto el núcleo duro que lleva inspirando esta política las últimas décadas. La absoluta subordinación de nuestra agricultura y alimentación a los mercados internacionales, y la priorización absoluta de las grandes explotaciones agrarias y la industria alimentaria globalizada frente a la agricultura familiar, diversa y de pequeña escala, base de los sistemas alimentarios locales realmente ecológicos, sociales y saludables. Una Pac que sigue sin importarle en absoluto que las últimas décadas el campo se haya quedado sin agricultores, que la comida se produzca en invernaderos agroexportadores y en mega granjas insostenibles y cuyo destino es exportación, aunque tengan el sello ecológico.
Esta nueva PAC es más vieja que nunca. Bajo una pátina de regulación verde se esconden los engranajes desregulatorios más neoliberales que hemos visto
Por eso es que dice que necesitamos producción ecológica, porque eso es lo que quiere el consumidor. Así que se trata de ahondar en un modelo de agricultura hiper competitiva, o sea de bajo precio y destinada a mercados internacionales, y que en su carrera loca de ahorrar costes ha promocionado la sustitución de un modelo de agricultura familiar asentada en el territorio, a uno dominado por grandes empresas del agro, mega granjas, invernaderos agroexportadores, y por tanto produciendo no solo el cierre de explotaciones familiares y asalarizacion de la agricultura, sino su precarización, necesitando cada vez más la explotación de personas migradas, desde los mataderos a las fresas, desde los tomates a los riders del food delivery. Porque este nueva agricultura también va de eso, que el consumidor encuentre productos supuestamente ecológicos baratos en un supermercado, supuestamente sostenibles, y supuestamente saludables a costa de la explotación de miles de personas.
Esta nueva PAC es más vieja que nunca. Bajo una pátina de regulación verde se esconden los engranajes desregulatorios más neoliberales que hemos visto: se trata de dejar al pairo a la producción familiar, de darle la estocada a los sistemas alimentarios locales y entregar, ahora sí que sí, las llaves de la alimentación a las grandes explotaciones y operadores alimentarios. Una oligarquía alimentaria pintada de verde, sí, porqué esa es la zanahoria que han puesto delante de nuestras narices: el color verde.
Este tipo de agricultura intensiva, industrial y falsamente ecológica será la llamada a recibir apoyo y fondos públicos, sin embargo, las medidas que protegen a la agricultura de pequeña escala brillan por su ausencia, como son medidas regulatorias de los mercados, medidas que aseguren una remuneración justa y equilibro en la cadena alimentaria, o que impida la competencia de producción de terceros países a bajos precios, ni siquiera con la limitación de fitosanitarios utilizados. No es de extrañar, que el tope que puede recibir un solo perceptor es ni más ni menos que 100.000 euros, beneficiando a las grandes explotaciones y empresas como ha sido hasta la fecha, y no reducirlo a 50.000 como pedían diferentes organizaciones agrarias.
Se trata de una PAC tan o más neoliberal que las otras, que ha metido el turbo para desmontar las pocas medidas económicas protectoras de los sistemas alimentarios locales que quedaban, pero esta vez con medidas “verdes”, muchas de las cuales caen sobre las espaldas de pequeños agricultores. Así un 25% de los fondos de ayuda directa que mantienen a los pocos agricultores que nos quedan, vienen condicionados a la puesta en marcha de ecoesquemas, que para que se entienda bien, se trata de realizar el pago si se hacen prácticas de agricultura sostenible. Y hasta ahí todo bien, ¿quién podría estar en contra? Nadie, salvo que sea un pequeño agricultor/a y le expliquen que nadie les va a ayudar con la transición, con los nuevos gastos generados, ni con medidas de control del mercado o de promoción de sus productos a través de la compra pública de alimentos como en las escuelas etc. Dicho de otra manera: se trata de la llamada “muerte dulce” de la agricultura familiar, se trata, en definitiva, de generar unas condiciones que hagan inviable su supervivencia a costa de las grandes explotaciones.
No creo que vean en los próximos meses manifestaciones sin quejas de las grandes explotaciones de regadío que exportan a Europa, o megainvernaderos hidropónicos, todas ellas con certificado ecológico. Eso sí, no le pidan certificado de cumplimiento de derechos laborales y humanos. Y si no que le pregunten al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, que a principios del año pasado en Huelva, cuando visitó los campamentos de los temporeros y declaró que las condiciones de vida que vio allí “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo.
No somos estúpidos, sabemos que no puede haber alimentación sostenible ni pueblos vivos sin agricultoras y trabajadoras sin derechos. Y no habrá agricultura familiar si no se regula el mercado, por mucho que lo pinten de verde.