Entrevista publicada de manera original en Coordinadora ONG
“Los movimientos migratorios (en Centroamérica) son consecuencia de un mismo modelo de desarrollo que se repite en toda la región y por el que la población rural se ha visto expulsada hacia los cinturones pobres de las periferias de las ciudades. La población joven de la región vive la misma desesperanza”.
“Los gobiernos de la región han cerrado filas y son cada vez más represivos. Ante cualquier amenaza de movilización, la respuesta es contundente. El derecho a defender derechos se ve seriamente comprometido”.
El impacto de la pandemia en Honduras ha demostrado el dicho popular de “al perro flaco todo son pulgas”. La Covid-19 y sus consecuencias han colapsado el sistema de salud que ya se encontraba en condiciones muy precarias. Los equipos médicos exigen mejores condiciones en los centros hospitalarios, mientras la capacidad de gestión gubernamental es escasa. A ello se unen las consecuencias de una situación económica, política, ecológica y de seguridad muy precaria. Ocho de cada diez personas tienen problemas de ingresos. Unos 3,9 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria debido a la pandemia y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota.
Hablamos con Beatriz Barrientos, de Justicia Alimentaria en Honduras, quien denuncia una situación compleja que viene de lejos: “en los últimos años se ha profundizado la corrupción y un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos y su entrega a capitales extranjeros y locales”.
¿Cómo describirías la situación que enfrenta la población hondureña en este momento?
La pandemia no es el principal problema para Honduras en este momento, a ello se suma la falta de gestión gubernamental para hacer frente a la emergencia. La población sufre una enorme falta de oportunidades, el aumento de la represión a cualquier voz crítica, la pérdida de empleos y un gran impacto de fenómenos relacionadas con el cambio climático. Un alto porcentaje de personas se han visto obligadas a abandonar el país. De Honduras han partido varias caravanas de migrantes que, antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, se suman a las de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. En realidad, estos movimientos migratorios son consecuencias de un mismo modelo de desarrollo que se repite en toda la región y por el que la población rural se ha visto expulsada hacia los cinturones pobres de las periferias de las ciudades. La población joven de la región vive la misma desesperanza.
Los fenómenos climatológicos extremos afectan al 70% de las cosechas de la zona.
Una de las causas de esa precariedad en la vida de las personas más pobres es el impacto del cambio climático en la zona. ¿Cuáles son sus consecuencias?
El 90% de la población de Centroamérica reside en zonas del Corredor Seco, una zona que sufre los fenómenos climatológicos más extremos del mundo y que han sumido a estas zonas rurales en una crisis humanitaria sin precedentes. Los desastres naturales derivados del aumento de la temperatura y la contaminación ponen en peligro la salud de las personas y el acceso a recursos tan importantes como el agua y la alimentación. Los fenómenos climatológicos extremos afectan al 70% de las cosechas de la zona, lo que agrava la pobreza y la escasez de recursos de la población. Si esta situación no cambia, se estima que para 2050, al menos, 1,4 millones de personas centroamericanas se convertirán en migrantes o refugiadas del clima.
Algunos datos sobre la migración en Honduras (datos del Observatorio de Migraciones de FLACSO)
En 1990 se calculaba que unas 156,000 personas hondureñas vivían fuera del país, el 3% de la población. Este número se duplicó a inicios del año 2000 con más de 340,000 personas fuera del territorio. El número se triplicó entre 2019 y 2020, ya que la cifra ha ascendido a cerca de un millón, casi el 9% de la población total hondureña.
Las caravanas cambian el sistema migratorio puesto que se pasa de una migración individual a una migración por conglomerado o grandes grupos de personas. Las caravanas se producen en ruta migratoria hacia Estados Unidos que es de alto riesgo. Actualmente se estima que hay más de mil personas hondureñas muertas o desaparecidas en el camino migratorio. Mientras las políticas migratorias se endurecen, las caravanas se fortalecen como protesta social frente a las restricciones que dificultan ejercer el derecho a migrar.
La necesidad del fortalecimiento democrático
Beatriz Barrientos pone el foco más allá de la pandemia o las consecuencias del cambio climático. Las restricciones a la democracia son una pieza de un contexto que hace aguas. “Los gobiernos de la región han cerrado filas y son cada vez más represivos. Ante cualquier amenaza de movilización, la respuesta es contundente. A ello se une la cooptación de los poderes del Estado que hace que cualquier voz contraria sea judicializada; esto significa años de cárcel sin juicios justos. El número de presos y presas políticas, de defensores y defensoras detenidas es muy alto y no para de aumentar. El derecho a defender derechos se ve seriamente comprometido. Existe incluso una persecución a la acción de las ONG de Desarrollo porque, desde el Ejecutivo, entienden que incitan a la movilización ciudadana”.
En este contexto, Beatriz Barrientos defiende el papel de la cooperación y su rol de acompañamiento a la población civil en el acceso a sus derechos fundamentales. “Acompañamos a las organizaciones hondureñas para fortalecer a la sociedad civil y exigir el cumplimiento de sus derechos en un contexto en el que las empresas nacionales e internacionales explotan los territorios y los recursos sin cumplir sus obligaciones ambientales y sociales. Que organizaciones españolas podamos denunciar esto y darle así una dimensión internacional, es muy importante para la protección de los derechos y de la vida”.