El Gobierno del Estado español se dispone a eliminar las Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (Juntas vecinales y Concejos), despojándolas de la titularidad de todo su patrimonio comunal, así como privando, a los vecinos y vecinas de los pueblos que las integran, de la posibilidad de gestionarlo de manera democrática y participativa.
Han sido las personas que forman el 15M de León y la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña las responsables de armar esta campaña con el objetivo de unirse para defender los bienes comunales, y mostrarse contrarios al anteproyecto que supondría el fin de las juntas vecinales y los concejos, una forma de organización social que funciona de una manera democrática y participativa en muchos pueblos.
Firma la petición dirigida a Cristobal Montora para decir STOP al expolio de los bienes comunales
Desde VSF Justicia Alimentaria Global, compartimos la inquietud y motivaciones de la campaña, y lucharemos con el objetivo de que las Juntas Vecinales y los Concejos sigan vigentes en los pueblos, para que ellos/as mismos puedan decidir de forma directa y participativa el destino de los bienes que comparten.
¿Qué son las Juntas Vecinales y los Concejos? Las Juntas Vecinales y los Concejos son entidades locales menores, son formas de organización social que gestionan y mantienen un patrimonio consistente en pastos, montes, ríos, praderas, iglesias, cementerios, escuelas, etc., así como algunos servicios básicos para los pueblos como pueda ser el agua.
Hoy en día, en muchos de nuestros pueblos esa gestión se realiza mediante una forma de autogobierno denominada Concejo, en el que las decisiones sobre lo común se toman, según costumbre ancestral, por medio de la participación democrática y directa de todos los vecinos y vecinas del pueblo.
La mayor parte de la ciudadanía no hemos generado esta crisis, el mundo rural no ha generado esta crisis: los Concejos y las Juntas Vecinales no tienen deudas, los alcaldes y alcaldesas pedáneos no cobran un euro por su dedicación, su trabajo y sus esfuerzos, la gestión que realizan es racional, eficiente y no despilfarradora y, sin embargo, quieren que sea el mundo rural el que pague los despilfarros, la corrupción y las deudas que a otros han estado beneficiando.
Decimos NO al anteproyecto de ley que pretende aprobar el Gobierno español y que acabará con estas formas de organización.
Si no evitamos que aprueben esta ley:
- Los pueblos perderán la titularidad de su patrimonio, que pasará a los ayuntamientos.
- Se cometerá un atentado directo contra los concejos: los habitantes de los pueblos perderán también la capacidad democrática de decidir sobre la gestión de su patrimonio, sus aprovechamientos y algunos servicios públicos.
- Se perderá la personalidad jurídica de las Juntas Vecinales.