Ayer 12 de marzo, se debatió, votó y tumbó la proposición no de ley (PNL) sobre contratación pública de proximidad. La propuesta pretendía orientar la compra de alimentos desde las administraciones públicas hacia un sistema más justo y local, elaborando un Plan de Contratación Pública Alimentaria de proximidad que complementara y ampliara el existente Plan de Contratación Pública Verde que se aprobó en Consejo de Ministros en 2008.
La noticia ha sido recibida con decepción por las organizaciones que han impulsado la campaña Cortocircuito: VSF Justicia Alimentaria Global, COAG y CEAPA. Nos preguntamos qué intereses defiende el grupo popular que le han llevado a oponerse de manera frontal a una propuesta con el aval social que ésta presenta y que goza del apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
Más de 50 organizaciones hemos sumado sus esfuerzos para llevar esta proposición al congreso, la asociaciones de madres y padres, sindicatos agrarios, ecologistas, consumidores y ONGs llevaban un año esperando que el congreso se pronunciara sobre la propuesta que, podría haber supuesto un importante impulso para los mercados locales, la generación de empleo y el mantenimiento del sector agrario en el estado, además de asegurar una alimentación sana en las instituciones públicas del estado español, tales como escuelas y hospitales.
De haberse aprobado, la PNL habría supuesto un importante paso para asegurar el futuro de la agricultura y la alimentación en el estado español. El sector de la restauración colectiva destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros, si este monto se invirtiera en producto local, hubiera significado un gran empujón para el sector agrario.
La proposición ha sido rechazada sin enmiendas y sin debate previo con las organizaciones que impulsan la campaña Cortocircuito, que han sido recibidas por la mayoría de grupos parlamentarios pero que no han conseguido que el grupo parlamentario popular les recibiera tal y cómo habían solicitado.
El grupo popular ha argumentado que hay que esperar a trasponer la directiva europea. Una directiva que, lejos de ser un problema, ya establece de maneara clara que los estados miembros deben orientar sus compras públicas con criterios sociales y ambientales, algunos grupos han interpretado este argumento como una excusa y una muestra clara de la falta de voluntad política.
La nota positiva la ha dado el apoyo del resto de grupos parlamentarios a la PNL que abre la puerta para la compra pública con criterio de proximidad en las comunidades autónomas donde gobiernan. Esperamos que estos grupos actúen de forma coherente e inicien acciones por la compra pública proximidad en el ámbito de sus competencias autonómicas como en el caso de Catalunya, donde ya ha sido registrada en el Parlament una propuesta de resolución por la compra pública alimentaria de proximidad, así mismo el grupo socialista que ha mostrado su apoyo a la propuesta tendrá la oportunidad de poner en práctica lo dicho en las CCAA donde está gobernando.
El trayecto de 'Cortocircuito' recorrido hasta el momento lo hemos resumido en la siguiente linea del tiempo:
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