En Guatemala el acaparamiento de tierras es un problema grave y evidente. El 80% de la tierra se encuentra en manos del 20% de la población. El 20% del total de tierra agrícola es el porcentaje que pertenece a pequeños agricultores, que representan más de un 80% a su vez, de las fincas agrícolas existentes en el país. Aun disponiendo de tan poco territorio fértil, son los que alimentan a gran parte de la población. Los grandes monocultivos de café, cardamomo, palma africana y teca, entre otros, se han apropiado de la mayoría de la tierra desplazando a los pequeños campesinos, que en primera instancia son los que sustentan el sistema alimentario más básico, desde la práctica de una agricultura de subsistencia hasta la venta para el resto de la comunidad.
El sistema de producción agrícola para el consumo directo de sus productos por la población guatemalteca se ha visto amenazado y destruido por las élites económicas capitalistas con la contribución del propio gobierno del país, fomentando aquellos productos originarios de otros territorios, es decir, alimentos sin ningún tipo de pertinencia cultural. Este hecho pone de manifiesto la infravaloración de la comida tradicional que se hace evidente, no sólo en los altos estadios políticos, sino arraigada en gran parte de la sociedad actual.
Esta crisis alimentaria cultural impacta directamente en diferentes niveles y puntos clave del desarrollo, seguridad y bienestar social. Empezando en el aspecto más básico de esta cadena nos encontramos con la desprotección de la biodiversidad. En 2014 se creó la llamada popularmente “Ley Monsanto”, correspondiente al decreto 19-2014; “Ley para protección de obtenciones vegetales”, el principal objetivo de la cuál perseguía privatizar 15 tipos de semillas diferentes, para ampliar ese número sin restricción en el transcurso de diez años. Dejando de lado las incongruencias presupuestarias que se planteaban, se destaca el gran impacto que podía tener este decreto para la sociedad guatemalteca, ya que son muchos los que dependen directamente de la agricultura para su subsistencia, como fuente de ingresos económicos o de alimentos. Éste, al permitir patentar ciertas semillas, repercute negativamente sobre los campesinos en primer lugar, creando una dependencia estricta del mercado de semillas y agrotóxicos, asegurando su participación legal con la amenaza de penar su uso si éste no cumple con las reglas del negocio económico. Pero, la Ley Monsanto empieza a gestarse años antes (2006) con la adhesión de Guatemala a la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y el tratado de libre comercio que se crea con Estados Unidos: TLC-(DR-CAFTA). Afortunadamente, la Ley Monsanto fue derogada gracias a la gran movilización ciudadana y a la violación de diversos artículos constitucionales.
Aunque la lucha por la privatización del patrimonio natural del país no termina aquí. El caso anterior mencionado es solo su inicio. Actualmente, se trabaja sobre dos protocolos nuevos. De manera muy simplificada, se halla, por un lado, el Protocolo de Nagoya que busca ratificar a nivel nacional el convenio de biodiversidad existente a nivel internacional. De esta manera, se desean crear reglamentos para la manipulación de OGMs (organismos genéticamente modificados) y OVMs (organismos vivos modificados), para así poder registrar conocimientos sobre semillas y animales autóctonos a partir de la investigación. Por otro lado, se encuentra el Protocolo de Cartagena, donde se pretende reglamentar el acceso a los recursos genéticos para la creación de patentes, registros, concesiones, licencias de investigación, etc. , y así gestionarlos. Por el momento, no han sido aprobados.
El problema de esta clase de reglamentos es, como ya se ha comentado, la desprotección de la biodiversidad. Las semillas criollas son una de las bases principales del gran patrimonio cultural y de la cadena alimentaria de la población. Se han estado seleccionando y conservando durante miles de años de forma desinteresada por las distintas comunidades, para así convertirse en un recurso fundamental e indispensable de los pueblos, sin imposición de restricción de su uso para generar ganancias económicas directas. La aprobación de esta clase de regulaciones implicaría la concesión de patentes, licencias y registros a grandes empresas internacionales, limitando el acceso comunitario y pudiendo ser modificadas sus características genéticas, representando una amenaza para el resto de variedades que no han sido todavía manipuladas, entre otras consecuencias. Se puede deducir desde este momento, que quien se beneficiará de las ganancias de la ejecución de estas políticas serán las propias empresas, que en su mayoría son de origen extranjero, generando escasas o nulas ganancias para el propio país.
Es fundamental hacer partícipes del proceso de lucha contra las regulaciones a favor de los OGMs y OVMs a sus protagonistas, es decir, la población de las distintas comunidades que se verán afectadas. Información, educación y concienciación son los pilares con los que se trabaja desde las organizaciones para frenar y eliminar estas amenazas, ya que la ignorancia y el desconocimiento son unas de las razones principales que hacen prosperar estas iniciativas.
En Rabinal, con el soporte de Qachuu Aloom, se organizó un encuentro con compañeros de distintas organizaciones con fuertes influencias en las comunidades de Baja Verapaz para capacitarse y posteriormente, coordinarse y adoptar una posición conjunta oficial respecto al rechazo de la introducción OGMs y OVMs en su territorio.
Mar Calvet
Es voluntaria de VSF Justícia Alimentaria Global
Ha participado en la beca de Sensibilización de la organización en Guatemala