Guatemala está viviendo un momento de reformas legislativas que, si finalmente son aprobadas, pueden suponer enormes retrocesos en el proceso de democratización nacional y contradicen los Acuerdos de Paz. Entre las referidas reformas están la iniciativa de ley 5257 que reforma el decreto 02-2003, la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo. Lejos de impulsarlas, la nueva propuesta obstaculiza la labor de cientos de ONG locales e internacionales que promueven los Derechos Humanos de los guatemaltecos y guatemaltecas, entre las que se encuentra Justicia Alimentaria.
La nueva ‘Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo’, pretende someterlas a un control político y financiero a través de requisitos legales y administrativos que hagan su labor imposible de realizar. Específicamente, esos controles prohíben que las ONG lleven a cabo cualquier tipo de incidencia política o social, violando su libertad de expresión y manifestación, las obliga a solicitar una serie de licencias de operación por cada una de las actividades que realice. Los cambios legislativos incluyen clasificar la obstrucción del tráfico como una forma de terrorismo, y el uso de las redes sociales para llamar la atención a acciones gubernamentales como actos de ciberterrorismo.
La CONGCOOP (Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), el FONGI (Foro de ONG Internacionales) junto a la PDH (Procuraduría de Derechos Humanos) integraron una mesa de trabajo que solicitaba al Congreso la revisión de la mencionada Ley. Todas han manifestado en sendos comunicados que el avance de iniciativas legales criminaliza la defensa de los derechos humanos, dificultando la acción civil en contra de la impunidad. Otras agrupaciones que velan por el respeto a los Derechos Humanos han presentado un amparo consiguiendo estas acciones que actualmente la ley haya regresado a la Comisión de Gobernación para su discusión.
Justicia Alimentaria considera que el paquete legislativo actualmente en discusión (que incluye la Ley de ONG, Ley del Mandato de la CICIG, ley del Ministerio Público, Ley de la Procuraduría General de la Nación, Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo…) muestra tendencias preocupantes para la democracia, la libertad de expresión y asociación, la libertad de manifestación y la defensa de los Derechos Humanos en su conjunto.