VSF Justicia Alimentaria Global se une al comunicado de las organizaciones de la campaña "Defender la Vida es un Derecho. Somos defensoras y defensores".
Manifestamos nuestra preocupación ante la judicialización del defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina –CUC-
Las organizaciones firmantes, integrantes de la “Campaña Defender la Vida es un Derecho: Somos Defensoras y Defensores” en Guatemala, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la decisión de la jueza unipersonal del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ligar a proceso penal por difamación, calumnia e injuria a Daniel Pascual Hernández, defensor de Derechos Humanos. La denuncia fue interpuesta contra Pascual a raíz de unas declaraciones que el dirigente del Comité de Unidad Campesina –CUC- realizó el 25 de enero de 2013 y que fueron difundidas en un medio de comunicación, en las que evidenciaba los ataques mediáticos recibidos en contra de su persona y de la organización que coordina.
Esta denuncia está siendo conocida por un tribunal penal en lugar de un tribunal de imprenta, poniendo en riesgo la libertad de expresión y libre emisión del pensamiento de todas las personas que defienden derechos humanos en Guatemala. Estas libertades fundamentales no son exclusivas de quienes ejercen el oficio periodístico. La libertad de expresión está reconocida en varias declaraciones y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. La Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento establece que todos aquellos delitos o faltas cometidos en el marco de la libertad de expresión y de la libre emisión del pensamiento deben ventilarse vía el juicio por jurados (tribunal de imprenta).
La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática; por esta razón, vemos con preocupación que con este proceso judicial se criminalice a los defensores y defensoras de Derechos Humanos por ejercer una de las libertades fundamentales que todas las personas tenemos, sentando un precedente que limitaría el ejercicio de la ciudadanía en Guatemala.
Guatemala, 23 de febrero 2016.