El pasado miercoles 7 de noviembre un terremoto de 7.2 grados estremeció el sudoeste guatemalteco dejando un balance, a día de hoy, de 42 muertos, 1.2 millones de afectados, más de 8.000 evacuados y 800 albergues habilitados para los más de 10.000 damnificados.
El sismo llegó a sentirse hasta la costa del Pacífico de México y El Salvador y en Nicaragua han pedido la evacuación de las zonas costeras por el riesgo de tsunami.
La tragedia hizo que el Gobierno decretara estado de Calamidad Pública en Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango por 30 días. Se restringe la locomoción y se establecen cordones sanitarios, entre otras limitaciones.
El pasado viernes, dos días después del impacto del terremoto, el presidente Otto Pérez planteó varias fases para el plan de reconstrucción. La primera será la evaluación de los daños, luego la estimación de costos y por último la reconstrucción.
De esa cuenta 800 personas, entre militares, técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y voluntarios capacitados harán un barrido por los ocho departamentos afectados para registrar los daños.