En un comedor escolar se aúna mercado, salud, educación, cultura y futuro. Por eso, los agricultores, ganaderos y las asociaciones ecologistas se proponen recuperar el terreno perdido en la compraventa de alimentos por esta vía. Las administraciones públicas gastan unos 2.500 millones —igual a un tercio de las subvenciones comunitarias a la agricultura— en el servicio de restauración de colegios, hospitales, bancos de alimentos o cárceles. Un cliente más que goloso, que celebra concursos de licitaciones para los contratos públicos y que debería poder imponer sus condiciones. La pretensión de estos colectivos es que el Estado compre los alimentos en los mercados cercanos, lo que en su opinión fomenta el empleo local y es menos contaminante y sano. Es decir, saltarse intermediarios con los productores, una cadena que, según sus cálculos, encarece el precio de media un 450%.
Por eso, VSF Justicia Alimentaria Global lanza ahora un informe y la campaña Corto circuito. Por una alimentación sana, cercana y justa. “El comercio internacional de alimentos ha aumentado un 184% y la producción, el 84%. Es decir, estamos mareando los alimentos”, se indigna Javier Guzmán, el director de la ONG.
“En Italia, desde que empezó la crisis, la venta de productos próximos no ha parado de subir. Tenemos en los ciudadanos a los mejores aliados”, cuenta emocionado Natale Marcomini, que trabaja en una red europea que difunde esta estrategia. El Ejército noruego se ha sumado a la iniciativa y, en Copenhague (Dinamarca) los niños, que comían bocadillos, se sientan ante un plato.
La tarea de concienciación es ingente, pero también parten de unos porcentajes bajísimos de venta directa (10%), a diferencia de lo que ocurre con las granjas de Italia, Francia o Polonia, donde se llega casi al 20%. Según Justicia Alimentaria Global, existen al menos 10.000 compradores potenciales públicos. “Cuando hablamos de productos kilométricos tendemos a pensar en que se importa el azúcar, los plátanos... Pero no, importamos productos que han sido siempre la base de nuestra alimentación. ¡Hasta las lentejas de Latinoamérica!”, se desespera Ferrán García, responsable del documento.
El servicio de restauración en España no deja de aumentar. Si hace 25 años representaba un 12% del mercado de la alimentación, hoy es el 30%. Y en el caso concreto del catering ha pasado de 376 millones de comidas en el 2006 a 427 millones cinco años después, según datos de la patronal. Y se concentra en pocas manos. Las dos empresas más grandes —Serunión y EurestCompass—, que pertenecen a multinacionales, preparan una de cada cuatro comidas. El aglutinamiento es aún mayor en Europa. Estas grandes compañías pueden ajustar los precios comprando a miles de kilómetros los productos, algo imposible para los pequeños negocios. Los ecologistas acusan a estas empresas de abusar de los precocinados y de derrochar envases.
“Nosotros compramos a proveedores locales en cada zona, lo que no significa que el origen del producto sea de allí. Pero en Madrid y Barcelona, donde centralizamos las compras porque el volumen es enorme, sí que intentamos que sea nacional”, subraya José Carlos Sánchez, jefe de compras de alimentación en Serunión. “Lo que ocurre es que el consumidor quiere fruta fuera de estación. Hay caterings de bancos que te obligan a tener melón todo el año y lo traes de Panamá. Pero en los colegios nos ceñimos más a la estacionalidad”.
“A un paciente en un hospital no puedes dejarle de dar naranjas, que tienen mucha vitamina, porque no sea época. Tendrás que importarlas de donde sea”, explica Fernando Burgaz, director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura. “Lo que no se puede es obligar a comprar en los mercados locales. Se puede orientar, pero para algo existe la libre competencia. Está claro que si vives en Madrid no te vas a alimentar de lo que se cultiva a 50 kilómetros, porque no hay nada”.
“Hay que tener en cuenta el desastre ambiental que supone la producción de muchos de estos productos en el terreno. Es salvaje lo que ocurre en Brasil con la soja o en Indonesia con la Palma”, alarma García. “Los mercados locales, además, tienen un gasto energético y de gases de efecto invernadero menores. Las administraciones se fuman un puro con el tema, pero es muy importante”, remarca García. Según los cálculos de Justicia Alimentaria Global, existiría un ahorro energético con un valor de 270 millones en España si se consumiesen productos traídos de un radio de no más de 200 kilómetros.
Daniele Ara, responsable de un programa de restauración en colegios de la región italiana de Emilia-Romagna, no lo tiene tan claro. “Hay que crear una buena logística para que los agricultores puedan llevar sus productos. Porque contamina más alguien que con su furgoneta de diésel lleva tres cajas que el camión que lleva cien”.
En España existen ya proyectos aislados. Como el comedor del colegio de Larrabetzu (Bizkaia) gestionado por los padres desde 2008. En la cuenca del Tajo se intenta un menú 100% local, en Mallorca se planta en los patios de las escuelas. La Fundació Futur, que trabaja con exreclusos, sirve 4.500 menús saludables en Cataluña.
El agricultor José Manuel Benítez se lamenta: “Falta voluntad política. En Andalucía, el programa de consumo social pretendía cambiar el modelo y que los agricultores llevasen sus productos a los centros sin coste adicional, pero al final se ha dejado en manos de los catering”.
“Tenemos un modelo especulativo y estandarizado, que hace un esfuerzo por desvincular la producción del consumo y a los productores de los consumidores, cuando son eslabones con intereses comunes vitales”, razona Miguel Blanco, secretario general de COAG.