Las administraciones públicas destinan cada año entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias dedicadas al abastecimiento de colegios, hospitales, centros penitenciarios o bancos de alimentos, a través de las empresas de ‘catering’. Un dinero que desde la ONG VSF (Veterinarios sin Fronteras) Justicia Alimentaria Global, consideran podría destinarse de una manera más eficiente teniendo en cuenta a los productores locales.
Con la campaña ‘Cortocircuito’ buscan la implicación de las instituciones para que se conviertan en impulsoras de los mercados alimentarios locales. Esta implicación supone una apuesta por una alimentación sana, por la revitalización de las áreas rurales, por la protección del medioambiente y la biodiversidad, y por la promoción de un sistema alimentario justo.
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