Comunidades campesinas de la localidad marroquí de Chlihate denuncian la ocupación de tierras y recursos naturales por parte de la transnacional arrocera, Ebro Foods, de capital español. Después de unos años de cultivo intensivo el resultado es pobreza y migración. Este hecho no pasa casual, accidental ni aisladamente. Ni esa empresa transnacional, ni ninguna otra, podrían llevar a cabo su actividad ni causar tales impactos sociales y ambientales si no contaran con un marco institucional y legal nacional, regional e internacional afín. La corresponsabilidad se comparte, por tanto, entre un variado grupo de actores.
Entre todos ellos, nos preocupan y nos parecen de especial gravedad, los que tienen que ver directamente con la administración pública del estado español, esa “cosa pública” que a menudo actúa con opacidad, apoyando ciertas empresas y prácticas que la hacen corresponsable directa de la destrucción de los modos de vida locales y del medio ambiente de otras regiones. El Estado español y la Unión Europea, son parte esencial del problema de la pobreza. Las transnacionales interactúan estrechamente con el poder político para, en demasiadas ocasiones, generar pobreza y destrucción ambiental. El caso español no es ninguna excepción, apoyando
prácticas del agronegocio transnacional que suponen la destrucción sistemática de la producción de alimentos para los mercados locales.
Son múltiples las evidencias sobre el papel que juegan los gobiernos europeos y sus empresas en la amenaza a la Soberanía Alimentaria y al Derecho a la alimentación. Muchos modelos de vida sostenible donde el control de los recursos productivos está en manos de la población campesina o pescadora, están desapareciendo o ven amenazada su existencia ante la cada vez mayor presencia extranjera, promotora de un modelo exportador y de gestión de recursos que considera la comida como una mercancía.
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África