La presencia de grupos armados en el área de Polochic, Panzós y Alta Verapaz, en Guatemala, viene “acompañada de la inacción” del Ministerio público (MP) y de la Policia Nacional Civil (PNC). Esta afirmación la extraemos del la investigación que la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) ha llevado a cabo a raíz del grave conflicto agrario que estamos viviendo en algunas estas áreas rurales guatemaltecas desde hace algunos meses. El informe de la investigación se librará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y a los Relatores especiales en Ginebra, Suiza.
El conflicto con la propiedad de la tierra en Guatemala viene persistiendo desde décadas atrás, pero en los últimos meses hemos vivido reiteradas situaciones de violencia en el campo. Centenares de campesinas y campesinos han sido despojadas de sus tierras brutalmente, quedándose sin su medio para subsistir. Esta situación está generando un importante conflicto en varias zonas del país que el estudio de la UPC analiza por zonas. Desde 2009 ya han muerto más de 40 campesinos
El caso es que el modelo de desarrollo basado en la concentración de tierras y el uso de la mano de obra de mozos / colonos, estructura de dominación de tipo feudal que aún pervive, está siendo sustituido por la expansión de monocultivos extensivos como la caña de azúcar o la palma africana. Lejos de mejorar su situación, la implantación de este modelo está usurpando el vínculo de las comunidades con la tierra, arrojándolas a procesos de desintengración. Estos procesos podrían estar conllevando efectos etnocidas.
Según el informe, existe insuficiencia en los mecanismos previstos para favorecer el acceso a la tierra y los proyectos productivos de las comunidades indígenas y campesinas. Añade que las instituciones se muestran débiles e incapaces de responder cuando se trata de la protección de derechos. Por tanto, el Gobierno debe tomar acciones frente a esto.
La investigación de la UPC está basada en la realización de más de 200 entrevistas a comunidades afectadas por conflictos de tierra, a representantes del los tres poderes del estado: judicial, legislativo y ejecutivo y a instituciones y organismos de derechos humanos, así como la recogida in situ de la información y documentación pertinentes.
