El pasado 26 de junio se aprobaba la reforma de la nueva Política Agraria Común (PAC) en Bruselas, una reforma las medidas de la cual corroboran la intención del gobierno de desmantelar a las pequeñas explotaciones del estado y que claramente beneficia a la agroindustria y a las grandes explotaciones intensivas.
Lejos de recoger las propuestas solicitadas desde las organizaciones agrarias y de la sociedad civil de reformar la PAC hacia una política orientada a garantizar la estabilidad de precios y que promocione la producción familiar, local, diversa, ecológica y la comercialización en circuitos cortos, la nueva PAC que propone el Gobierno va encaminada justo en sentido contrario.
Medidas como la eliminar las medidas de control de los mercados que contempla la nueva reforma de la PAC favorecerán la volatilidad de los precios y por lo tanto la caída de rentas agrarias. También la intención de favorecer los acuerdos con países terceros, en vez de favorecer al producto comunitario, atenta directamente contra la soberanía alimentaria y define las reglas para una agricultura que, alejada de proteger al campesinado, apuesta claramente para enfatizar el poder de la agroindustria y desmantelar al pequeño/a productor/a, que si ya le resulta complicado competir con los gigantes alimentarios, con la nueva reforma se agudiza esta tendencia.
Las instituciones europeas se inclinan claramente por aplicar una lógica agrícola neoliberal, que sigue feroz desde los acuerdos en la OMC en el año 1994. Los productos agrícolas vendidos en los mercados nacionales e internacionales a precios de dumping, es decir, por debajo de los costes de producción, y el salvaje mercado desregulado se entregan a la volatilidad y a la especulación, arrastrando a la agricultura a un terreno desesperanzador para los campesinos y campesinas que en muchas ocasiones tienen que abandonar su oficio.
En su momento, y a lo largo de estos años, cuando se discutía en la Unión Europea la reforma de la Política Agraria Común, ya denunciamos desde VSF Justicia Alimentaria Global en varias ocasiones el destino de las ayudas que se otorgaban desde el estado. Unas ayudas acaparadas por grandes empresas y poderosos terratenientes, pues el 75% del dinero se queda entre solo un 16% de los beneficiarios. Entre los grandes beneficiados por estas subvenciones encontramos nombres muy conocidos, como la casa de Alba, que se embolsó dos millones de euros.
Estos datos fueron ilustrados en el informe “Una PAC para el 1%”, una investigación que publicamos el pasado 2012, en relación a las subvenciones otorgadas desde el estado, y otro bajo el título “Una injusticia llamada PAC”, que corresponde a las ayudas del año 2011, y sacan a la luz pública preguntas tales como: ¿Por qué 9 de las 10 primeras empresas del sector agroalimentario, con ventas multimillonarias, han recibido ayudas? Estamos hablando de empresas como Nestlé, Campofrío, El Pozo y García Carrión. ¿Cómo explicar que algunos de los principales supermercados (Mercadona, Lidl, Alcampo o Carrefour, por ejemplo) reciban subvenciones de la PAC? ¿Por qué inundamos con millones de euros de dinero público a la aristocracia terrateniente estatal?
Desde VSF seguimos luchando, junto con las organizaciones agrarias y campesinas, por una alimentación justa, y denunciando los casos de abusos tales como, precisamente, esta reforma que atenta directamente contra el campesinado en el estado español.