La justicia británica ha impuesto una multa de 1,62 millones de libras (algo más de dos millones de euros) a dos barcos, el OGenita y el Cayo Tercero, por pescar durante 18 meses merluza por encima de lo autorizado y falsificar los registros correspondientes. Los buques tenían bandera inglesa, pero son de propiedad española.
Aunque actuaran mediante una subsidiaria británica se trata de armadores españoles. En concreto, Manuel Vidal Suárez es el director de la empresa Hijos de Vidal Bandín SA, dueño del Cayo Tercero. La otra empresa, Sealskill Limited, es dueña del OGenita y subsidiaria de esta última en Lancaster. Su directora es María Dolores Vidal Mariño. Sobre estos personajes ya alertamos desde VSF el pasado febrero de 2010 en el informe “Pesca Ilegal en España. Suma y Sigue”, en el que denunciamos las malas prácticas de la flota española y la laxitud de la normativa en el estado y en la UE.
El informe nos ofrece información detalla sobre la pesca ilegal, los impactos sociales y ambientales, así como el funcionamiento de la normativa europea al respecto, y los mecanismos de las flotas pesqueras para eludir las normas establecidas.
Costas sobreexplotadas.
La Comisión Europea calcula que el 63% de las especies del Atlántico Norte, las aguas que bordean la UE por el oeste y el norte, están sobreexplotadas. Pero ser una especie mediterránea es aún peor: el abuso, la pesca insostenible, afecta al 82% de las especies.
La pesca ilegal.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU en sus siglas en inglés), representa hasta un tercio de las capturas de determinadas especies como algunos túnidos, el pez espada, la escorpina, el bacalao o la merluza negra. Este tipo de actividad genera unos costes sociales, económicos y medioambientales de gran envergadura, siendo uno de los principales escollos en la consecución de una pesca sostenible a nivel mundial, por lo que afecta negativamente a las comunidades costeras y pone en grave riesgo la continuidad de la actividad a largo plazo.
El éxito o fracaso de la lucha contra la pesca INDRN va a depender en buena parte de la voluntad de los países de cumplir estrictamente sus obligaciones, así como de la capacidad de ir más allá en los puntos en los que la legislación comunitaria no ha sido suficientemente ambiciosa.
Eludir sanciones con las banderas de conveniencia.
A nivel internacional, todo buque pesquero debe estar matriculado y abanderado, es decir, debe acogerse a la autoridad administrativa de algún país. Tradicionalmente los buques han lucido la bandera del Estado en donde se ejercía el control económico de la actividad, sin embargo en los últimos años esta situación está cambiando, multiplicándose el número de buques con bandera de conveniencia.
“las banderas de conveniencia representan una de las formas mas simples y comunes a través de las cuales las actividades pesqueras poco escrupulosas pueden eludir las medidas de manejo y conservación y evitar sanciones”.
A nivel internacional, el abanderamiento queda sujeto al Convenio de Ginebra de 1958 sobre Alta Mar y al Convenio Internacional sobre Derecho del Mar. Ambos textos establecen que los buques navegarán bajo el pabellón de un único Estado; que la bandera estará vinculada a un registro administrativo obligatorio; y lo más importante, que cada Estado es libre para regular las condiciones de acceso a su registro nacional de buques, disposición que dificulta enormemente las investigaciones sobre INDNR (pesca Ilegal, no declarada o no reglamentada), al no poder relacionar la bandera del buque con sus auténticos propietarios.
Según Franz Fischler (Comisario europeo de Pesca 1995-2004) las banderas de conveniencia representan una de las formas mas simples y comunes a través de las cuales las actividades pesqueras poco escrupulosas pueden eludir las medidas de manejo y conservación y evitar sanciones para la pesca INDNR, ya que bajo la ley internacional, el país de abanderamiento es responsable de controlar sus actividades.
El sector pesquero en el estado español está fuertemente subvencionado.
A todo esto, se le suma el agravante que supone que el sector sea subvencionado por los contribuyentes europeos, pues entre los años 2000 y 2006, el estado recibió el 50% de las subvenciones de la Unión Europea para la pesca, o dicho de otra manera, para esquilmar las costas.
Documentos adjuntos
Informe pesca ilegal, Suma y Sigue.pdf (1.22 MB)