El pasado 23 de noviembre organizaciones integrantes en la PALT se han concentrado frente al Instituto de Prospectiva Tecnológica – IPTS en el cual tiene lugar el Taller Internacional sobre impactos socio-económicos de los transgénicos organizado por la Comisión Europea y la FAO.
El Taller Internacional tiene como objetivo presentar a los técnicos de los 27 Estados miembros los resultados de estudios científicos de organismos públicos y universidades de todo el mundo sobre el impacto económico de estos cultivos. El evento se encuentra cerrado para las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo en gran medida las conclusiones de las Jornadas Científicas Internacionales sobre Transgénicos ’’Los transgénicos en el ámbito científico, agrícola, medioambiental y de la salud’’ celebradas recientemente en Madrid.
De igual modo el taller organizado por la Comisión Europea y la FAO coincide con la negativa por parte de la administración andaluza a todas las peticiones de la PALT en materia de transgénicos en Andalucía, entregadas el pasado mes de abril durante la Semana Andaluza de Lucha contra los transgénicos, y que se han centrado en:
- Modificación del Decreto que regula el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente para abrir la participación de los agentes sociales.
- Creación de un registro público andaluz de localización de parcelas cultivadas con transgénicos.
- Prohibir los cultivos transgénicos en Espacios Naturales Protegidos y en zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico.
- Establecer un régimen de responsabilidad estricta acorde con el principio “quien contamina paga”.
- Realizar un estudio sobre la correcta aplicación de la normativa de trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente.
Con esta acción instamos y exigimos que la Junta de Andalucía, como integrante de la Comisión Nacional de Bioseguridad, actúe de oficio y exija al MARM la cancelación y prohibición de las solicitudes de campos experimentales, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas como la de Valencia en el caso del arroz.
De igual manera solicitamos que garantice el derecho a la información de consumidores y productores respecto a la situación real de la agricultura y alimentación transgénica en Andalucía, así como que manifieste qué política real y concisa va a tener frente a los transgénicos.